TintaLatina
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El gobierno catalán ha establecido una nueva limitación de velocidad en el tramo de la AP-7 en el Ebro, que se extiende desde Calafat hasta Amposta. La medida busca reducir la siniestralidad en este tramo, cuyas 15 víctimas mortales este año suponen el doble que en 2024.
La reducción de velocidad se impone tanto a los camiones como a los turismos, con límites de 80 km/h para los primeros y 100 km/h para los segundos. El tramo afectado es uno de los más mortales de la autopista catalana, con una gran cantidad de accidentes graves que se deben principalmente a la dificultad de frenar en esta sección.
El gobierno justifica la medida como parte del plan de choque para frenar la siniestralidad en este tramo y anuncia la instalación de nuevos carros radar, controles e inspecciones, formación específica para camioneros extranjeros que intercambian permisos o nuevas tecnologías para detectar su fatiga.
Sin embargo, las entidades del movimiento vecinal "Mai més peatges" han criticado la medida, argumentando que se intenta "pasar la culpa" de la siniestralidad a la ciudadanía, cuando el principal problema ha sido la negligencia política. Recuerdan la carencia de inversión en aspectos de seguridad de la autopista y reclaman la necesidad de recursos para protocolos y mantenimiento de las infraestructuras.
El portavoz del movimiento vecinal Llorenç Navarro ha advertido que se quieren "curar en salud" y no se están tomando medidas concretas para mejorar la seguridad. Insiste en la importancia de construir el tercer carril y mejorar la N-340, así como la necesidad de recursos para proteger la seguridad vial.
La entrada en vigor de esta medida coincide con el inicio de la operación salida del puente de la Constitución, lo que ha generado críticas adicionales por parte del movimiento vecinal.
La reducción de velocidad se impone tanto a los camiones como a los turismos, con límites de 80 km/h para los primeros y 100 km/h para los segundos. El tramo afectado es uno de los más mortales de la autopista catalana, con una gran cantidad de accidentes graves que se deben principalmente a la dificultad de frenar en esta sección.
El gobierno justifica la medida como parte del plan de choque para frenar la siniestralidad en este tramo y anuncia la instalación de nuevos carros radar, controles e inspecciones, formación específica para camioneros extranjeros que intercambian permisos o nuevas tecnologías para detectar su fatiga.
Sin embargo, las entidades del movimiento vecinal "Mai més peatges" han criticado la medida, argumentando que se intenta "pasar la culpa" de la siniestralidad a la ciudadanía, cuando el principal problema ha sido la negligencia política. Recuerdan la carencia de inversión en aspectos de seguridad de la autopista y reclaman la necesidad de recursos para protocolos y mantenimiento de las infraestructuras.
El portavoz del movimiento vecinal Llorenç Navarro ha advertido que se quieren "curar en salud" y no se están tomando medidas concretas para mejorar la seguridad. Insiste en la importancia de construir el tercer carril y mejorar la N-340, así como la necesidad de recursos para proteger la seguridad vial.
La entrada en vigor de esta medida coincide con el inicio de la operación salida del puente de la Constitución, lo que ha generado críticas adicionales por parte del movimiento vecinal.