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"La catástrofe del La Pardina: cómo el Gobierno de Aragón está arruinando la vida de un hotel"
En el corazón del Alto Gállego, un hotel que ha estado alineado con la Justicia, se encuentra en una situación desesperadora. El La Pardina, un establecimiento con tres estrellas y más de 20 años de trayectoria, ha visto cómo su licencia turística fue retirada sin previo aviso.
La historia comienza en julio del pasado año, cuando el hotel recibió un aviso telemático sobre la posible baja de categoría debido a la presencia de cien personas migrantes dentro del programa de atención humanitaria gestionado por Apip-Acam. En ese momento, los propietarios rechazaron la idea de reducir su categoría a hostal y solicitaron el cambio solicitado por Turismo, pero esta petición fue denegada.
El problema, según los dueños del hotel, no es solo la pérdida de la licencia turística sino que también supone un golpe directo en una época en la que comienzan a recibir reservas y pueden alojar a personas migrantes con programación de movilidad. En este sentido, destacan que tienen instalaciones segregadas para estos clientes y pueden cumplir con el encargo de la entidad social.
"El impacto económico es bastante alto y se traduce en un lucro cesante incalculable", señalan desde la empresa. Los propietarios también denuncian que han tenido que rechazar reservas clave, perdiendo ingresos de grupos turísticos habituales como los asistentes a la Quebrantahuesos o una banda de música alemana.
Más allá de las cuestiones económicas, desde el hotel defienden el trabajo que realizan como espacio de acogida de migrantes. Las instalaciones del Alto Gállego albergan actualmente a unas cien personas con una gran movilidad en cuanto a entradas y salidas, según se cumplen sus programas de integración.
El caso ha removido "bastante las conciencias" y ha vuelto a poner de actualidad la situación de las personas migrantes. Los propietarios aseguran que no van a rechazar a sus inquilinos llegados a las costas de Canarias o a las fronteras de Ceuta y Melilla, "a pesar del acoso" y la multiplicación de inspecciones en los últimos meses.
"No tenemos otra alternativa, no se pueden marchar a la calle, es necesario mantener este compromiso humanitario", afirma. Los propietarios también gestionan el hotel Montearagón en Quicena, otro de los lugares donde las entidades sociales ofrecen alojamiento a los migrantes.
En este momento, desde la propiedad destacan que a pesar de los problemas, "lo peor es que nos enfrentemos de nuevo a criterios subjetivos".
En el corazón del Alto Gállego, un hotel que ha estado alineado con la Justicia, se encuentra en una situación desesperadora. El La Pardina, un establecimiento con tres estrellas y más de 20 años de trayectoria, ha visto cómo su licencia turística fue retirada sin previo aviso.
La historia comienza en julio del pasado año, cuando el hotel recibió un aviso telemático sobre la posible baja de categoría debido a la presencia de cien personas migrantes dentro del programa de atención humanitaria gestionado por Apip-Acam. En ese momento, los propietarios rechazaron la idea de reducir su categoría a hostal y solicitaron el cambio solicitado por Turismo, pero esta petición fue denegada.
El problema, según los dueños del hotel, no es solo la pérdida de la licencia turística sino que también supone un golpe directo en una época en la que comienzan a recibir reservas y pueden alojar a personas migrantes con programación de movilidad. En este sentido, destacan que tienen instalaciones segregadas para estos clientes y pueden cumplir con el encargo de la entidad social.
"El impacto económico es bastante alto y se traduce en un lucro cesante incalculable", señalan desde la empresa. Los propietarios también denuncian que han tenido que rechazar reservas clave, perdiendo ingresos de grupos turísticos habituales como los asistentes a la Quebrantahuesos o una banda de música alemana.
Más allá de las cuestiones económicas, desde el hotel defienden el trabajo que realizan como espacio de acogida de migrantes. Las instalaciones del Alto Gállego albergan actualmente a unas cien personas con una gran movilidad en cuanto a entradas y salidas, según se cumplen sus programas de integración.
El caso ha removido "bastante las conciencias" y ha vuelto a poner de actualidad la situación de las personas migrantes. Los propietarios aseguran que no van a rechazar a sus inquilinos llegados a las costas de Canarias o a las fronteras de Ceuta y Melilla, "a pesar del acoso" y la multiplicación de inspecciones en los últimos meses.
"No tenemos otra alternativa, no se pueden marchar a la calle, es necesario mantener este compromiso humanitario", afirma. Los propietarios también gestionan el hotel Montearagón en Quicena, otro de los lugares donde las entidades sociales ofrecen alojamiento a los migrantes.
En este momento, desde la propiedad destacan que a pesar de los problemas, "lo peor es que nos enfrentemos de nuevo a criterios subjetivos".