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El Govern catalán se enfrenta a una presión creciente de ERC y Comuns, que exigen la continuidad del 50% de rebaja en los precios de los billetes de tren y metro hasta el año 2026. El partido republicano esgrimiente un doble argumento: el transporte público es penalizo para los trabajadores, mientras que el servicio de Rodalies no está "a la altura" para cobrar precios más altos.
El president Salvador Illa ha asegurado que su compromiso es seguir bonificando los transportes públicos y mejorarlos, pero se ha enfrentado a una respuesta enérgica de los líderes de ERC y Comuns. La diputada republicana Mar Besses ha advertido que no se puede hablar de presupuestos sociales si se cargan los abonos, mientras que el portavoz del partido David Cid ha expresado que "no tiene ningún sentido" que la Generalitat quiera subir los precios cuando hay Rodalies rebentadas y peajes gratuitos.
ERC también lleva días reclamando al Govern que mantenga las bonificaciones. La diputada Mar Besses ha defendido sus argumentos en una interpelación parlamentaria, mientras que el partido de Oriol Junqueras llevará una moción para blindar los descuentos. Si el Gobierno decide incumplir con esta decisión, no tendrá consecuencias.
En cuanto a la economía, las bonificaciones tienen un impacto considerable en las cuentas públicas del Estado y la Generalitat, que han pagado entre ambos 725 millones desde que entraron en vigor en 2022. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha asegurado que la Generalitat está "en conversaciones" con el Ministerio de Transportes para analizar hasta qué punto pueden mantenerse.
El impacto de esta negociación en las arcas públicas es importante, ya que la rebaja del 50% ha sido un gran impulso para el consumo y la actividad económica. Sin embargo, si se suben los precios, puede afectar negativamente a la economía y a la calidad del servicio público.
El president Salvador Illa ha asegurado que su compromiso es seguir bonificando los transportes públicos y mejorarlos, pero se ha enfrentado a una respuesta enérgica de los líderes de ERC y Comuns. La diputada republicana Mar Besses ha advertido que no se puede hablar de presupuestos sociales si se cargan los abonos, mientras que el portavoz del partido David Cid ha expresado que "no tiene ningún sentido" que la Generalitat quiera subir los precios cuando hay Rodalies rebentadas y peajes gratuitos.
ERC también lleva días reclamando al Govern que mantenga las bonificaciones. La diputada Mar Besses ha defendido sus argumentos en una interpelación parlamentaria, mientras que el partido de Oriol Junqueras llevará una moción para blindar los descuentos. Si el Gobierno decide incumplir con esta decisión, no tendrá consecuencias.
En cuanto a la economía, las bonificaciones tienen un impacto considerable en las cuentas públicas del Estado y la Generalitat, que han pagado entre ambos 725 millones desde que entraron en vigor en 2022. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha asegurado que la Generalitat está "en conversaciones" con el Ministerio de Transportes para analizar hasta qué punto pueden mantenerse.
El impacto de esta negociación en las arcas públicas es importante, ya que la rebaja del 50% ha sido un gran impulso para el consumo y la actividad económica. Sin embargo, si se suben los precios, puede afectar negativamente a la economía y a la calidad del servicio público.