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El caso Begoña Gómez: una investigación polítizada que desmonta la justicia
La causa que lleva a juicio a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha sido objeto de controversia desde su inicio. La investigación, iniciada por el juez Juan Carlos Peinado, había buscado descubrir si la mujer del jefe del Estado se había servido de su condición para favorecer a empresarios como Juan Carlos Barrabés.
Sin embargo, a medida que avanzaba la instrucción, los magistrados no dudaron en extender la causa hacia nuevas líneas y otros implicados. La Audiencia Provincial de Madrid ha ido limitando esas derivas y obligándole a acotar el objeto de la investigación. Se han archivado imputaciones como las del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, o el exconsejero madrileño y directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes.
Pero la cuestión no es solo la extensión de la causa, sino también la investigación en sí. La justicia se ha movilizado para desmontar el relato que ha construido Peinado. El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de imputar al ministro Félix Bolaños, cinco magistrados subrayaron la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado" que relacionara al aforado con los hechos.
También se cuestionó el papel de la asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. La Audiencia Provincial ha indagado sobre si se involucró en actividades privadas de Begoña Gómez, lo que podría ser considerado un delito de intrusismo. Pero esta investigación no ha sido avalada por el Tribunal Supremo.
En fin de cuenta, la justicia sigue investigando a Begoña Gómez por cinco delitos, pero su capacidad para extender la causa y obtener imputaciones ha sido cuestionada por las instancias superiores. ¿La justicia está polítizada? Solo el tiempo lo dirá.
La causa que lleva a juicio a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha sido objeto de controversia desde su inicio. La investigación, iniciada por el juez Juan Carlos Peinado, había buscado descubrir si la mujer del jefe del Estado se había servido de su condición para favorecer a empresarios como Juan Carlos Barrabés.
Sin embargo, a medida que avanzaba la instrucción, los magistrados no dudaron en extender la causa hacia nuevas líneas y otros implicados. La Audiencia Provincial de Madrid ha ido limitando esas derivas y obligándole a acotar el objeto de la investigación. Se han archivado imputaciones como las del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, o el exconsejero madrileño y directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes.
Pero la cuestión no es solo la extensión de la causa, sino también la investigación en sí. La justicia se ha movilizado para desmontar el relato que ha construido Peinado. El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de imputar al ministro Félix Bolaños, cinco magistrados subrayaron la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado" que relacionara al aforado con los hechos.
También se cuestionó el papel de la asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. La Audiencia Provincial ha indagado sobre si se involucró en actividades privadas de Begoña Gómez, lo que podría ser considerado un delito de intrusismo. Pero esta investigación no ha sido avalada por el Tribunal Supremo.
En fin de cuenta, la justicia sigue investigando a Begoña Gómez por cinco delitos, pero su capacidad para extender la causa y obtener imputaciones ha sido cuestionada por las instancias superiores. ¿La justicia está polítizada? Solo el tiempo lo dirá.