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Los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) han dado un paso más en su reciente intento por externalizar las fronteras comunitarias al respaldar varias propuestas que buscan legalizar el establecimiento de centros de deportación fuera de Europa, donde se podrán internar a personas migrantes que hayan llegado de manera irregular y, en algunos casos, incluso a solicitantes de asilo.
Esto ocurre en un momento en el cual, según cifras de la Comisión Europea, tres de cada cuatro personas con una orden de expulsión en la UE no abandonan el territorio, lo que genera una gran tensión y preocupación entre los gobiernos de Europa y los ciudadanos.
Dicho sistema actual es considerado por algunos como "disfuncional", según el ministro de Inmigración e Integración de Dinamarca, Rasmus Stoklund, quien argumenta que las nuevas medidas buscan mejorar la política migratoria en interés de los europeos y resolver los problemas que enfrentan nuestro continente.
Sin embargo, esta propuesta genera una gran controversia debido a la preocupación por la persecución de ciertas minorías y activistas, así como el potencial impacto negativo en las relaciones con países en cuestión.
En este sentido, las nuevas regulaciones permitirán a los gobiernos que externalicen la gestión de las expulsiones de personas que reciban una orden de abandonar el territorio comunitario, aunque no se aplicará esta norma a menores no acompañados.
Por un lado, varios países han respaldado la propuesta para crear centros de deportación fuera de Europa. Sin embargo, España ha votado en contra de la legislación al considerar que existen "serias dudas jurídicas, políticas y económicas".
Además, se están discutiendo las definiciones de tercer país seguro, lo cual afectará a ciertas minorías y activistas que buscan refugio en Europa. En este sentido, las nuevas regulaciones permitirán la expulsión a países terceros y ampliarán los supuestos para ello.
Entre estos países se encuentran Colombia, Kosovo, la India, Bangladés, Egipto, Marruecos o Túnez, que fueron incluidos en una lista que ha sido criticada por más de 50 ONGs debido a las persecuciones y violaciones de derechos humanos en ellos.
Estas regulaciones también establecen un "fondo de solidaridad" para apoyar a los países que están bajo presión migratoria, en el cual se contribuirán con 21.000 personas o una contribución total de 420 millones de euros.
Esto ocurre en un momento en el cual, según cifras de la Comisión Europea, tres de cada cuatro personas con una orden de expulsión en la UE no abandonan el territorio, lo que genera una gran tensión y preocupación entre los gobiernos de Europa y los ciudadanos.
Dicho sistema actual es considerado por algunos como "disfuncional", según el ministro de Inmigración e Integración de Dinamarca, Rasmus Stoklund, quien argumenta que las nuevas medidas buscan mejorar la política migratoria en interés de los europeos y resolver los problemas que enfrentan nuestro continente.
Sin embargo, esta propuesta genera una gran controversia debido a la preocupación por la persecución de ciertas minorías y activistas, así como el potencial impacto negativo en las relaciones con países en cuestión.
En este sentido, las nuevas regulaciones permitirán a los gobiernos que externalicen la gestión de las expulsiones de personas que reciban una orden de abandonar el territorio comunitario, aunque no se aplicará esta norma a menores no acompañados.
Por un lado, varios países han respaldado la propuesta para crear centros de deportación fuera de Europa. Sin embargo, España ha votado en contra de la legislación al considerar que existen "serias dudas jurídicas, políticas y económicas".
Además, se están discutiendo las definiciones de tercer país seguro, lo cual afectará a ciertas minorías y activistas que buscan refugio en Europa. En este sentido, las nuevas regulaciones permitirán la expulsión a países terceros y ampliarán los supuestos para ello.
Entre estos países se encuentran Colombia, Kosovo, la India, Bangladés, Egipto, Marruecos o Túnez, que fueron incluidos en una lista que ha sido criticada por más de 50 ONGs debido a las persecuciones y violaciones de derechos humanos en ellos.
Estas regulaciones también establecen un "fondo de solidaridad" para apoyar a los países que están bajo presión migratoria, en el cual se contribuirán con 21.000 personas o una contribución total de 420 millones de euros.