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Hoy, el Gobierno de Venezuela ha dado un paso importante hacia la reconciliación, liberando a cinco ciudadanos españoles que habían estado encarcelados en el país durante más de un año. Entre ellos se encuentra Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, dos jóvenes vascos detenidos tras las elecciones del pasado julio por supuestos delitos relacionados con la conspiración terrorista. La decisión se anunció por parte de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana.
La liberación de estos ciudadanos es considerada un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos, según ha manifestado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero también ha sido agradecido por su labor de mediación en este asunto.
La quinta persona liberada es Rocío San Miguel, una abogada y defensora de los derechos humanos con doble nacionalidad española y venezolana. Fue detenida arbitrariamente en febrero de 2024 sin acceso a abogado y fue atendida tardíamente de una fractura que debe ser operada, según denunció Amnistía Internacional.
La liberación de estos ciudadanos se ha celebrado por parte del Gobierno español, pero también ha generado reflejos críticos sobre la situación política y social en Venezuela. La ONG Foro Penal destaca que en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad.
La liberación de estos cinco ciudadanos españoles marca un paso importante hacia la resolución del conflicto político y social en Venezuela, pero también plantea dudas sobre la voluntad del régimen venezolano de cambiar su conducta y abordar las demandas de los opositores.
La liberación de estos ciudadanos es considerada un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos, según ha manifestado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero también ha sido agradecido por su labor de mediación en este asunto.
La quinta persona liberada es Rocío San Miguel, una abogada y defensora de los derechos humanos con doble nacionalidad española y venezolana. Fue detenida arbitrariamente en febrero de 2024 sin acceso a abogado y fue atendida tardíamente de una fractura que debe ser operada, según denunció Amnistía Internacional.
La liberación de estos ciudadanos se ha celebrado por parte del Gobierno español, pero también ha generado reflejos críticos sobre la situación política y social en Venezuela. La ONG Foro Penal destaca que en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad.
La liberación de estos cinco ciudadanos españoles marca un paso importante hacia la resolución del conflicto político y social en Venezuela, pero también plantea dudas sobre la voluntad del régimen venezolano de cambiar su conducta y abordar las demandas de los opositores.