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Un militar paraguayo ha sido condenado a 18 años y nueve meses de prisión por grabar videos sexuales con una bebé, la nieta de su pareja. El acusado, un soldado del ejército paraguayo que residía en España desde 2012, fue detenido en Alicante en marzo de 2025 después de que una alerta de Google detectara contenido ilegal almacenado en la nube.
La Fiscalía inicialmente reclamaba 25 años de prisión por delitos como el continuado de agresión sexual a menor de edad, utilización de menores para elaborar material pornográfico y posesión de pornografía infantil. Sin embargo, después de que el acusado aceptara un acuerdo de conformidad y reconociera los hechos, la condena se redujo.
El tribunal condenó al acusado por tres delitos: 13 años y seis meses de prisión por la agresión sexual, cinco años por la utilización de la pequeña y tres meses por posesión de material pedófilo. Además, se impuso una orden de alejamiento de 10 años que le impedirá contactar con la víctima una vez cumplida la pena de prisión.
El caso ha sido amplio y ha llevado a la investigación de hechos similares en otros países. El acusado había viajado frecuentemente a Paraguay, país al que se cree que parte del material ilegal fue grabado. Una vez cumpla la condena en España, se pondrá a disposición de este país para ser juzgado por los hechos ocurridos allí.
La detección de contenido ilegal almacenado en la nube ha convertido a las plataformas tecnológicas como Google en una herramienta clave en la investigación de delitos de explotación sexual infantil. Las Fuerzas de Seguridad han detectado un aumento en el uso de plataformas virtuales de almacenamiento para guardar estos archivos, utilizando sistemas de encriptado para tratar de burlar los controles de los algoritmos que intentan detectar contenidos prohibidos.
Este caso refleja la importancia de la vigilancia y la protección de las víctimas en la lucha contra la explotación sexual infantil. La colaboración entre las autoridades españolas, estadounidenses y paraguayanas ha sido fundamental para resolver este caso y evitar que más personas se conviertan en víctimas de estos delitos.
La Fiscalía inicialmente reclamaba 25 años de prisión por delitos como el continuado de agresión sexual a menor de edad, utilización de menores para elaborar material pornográfico y posesión de pornografía infantil. Sin embargo, después de que el acusado aceptara un acuerdo de conformidad y reconociera los hechos, la condena se redujo.
El tribunal condenó al acusado por tres delitos: 13 años y seis meses de prisión por la agresión sexual, cinco años por la utilización de la pequeña y tres meses por posesión de material pedófilo. Además, se impuso una orden de alejamiento de 10 años que le impedirá contactar con la víctima una vez cumplida la pena de prisión.
El caso ha sido amplio y ha llevado a la investigación de hechos similares en otros países. El acusado había viajado frecuentemente a Paraguay, país al que se cree que parte del material ilegal fue grabado. Una vez cumpla la condena en España, se pondrá a disposición de este país para ser juzgado por los hechos ocurridos allí.
La detección de contenido ilegal almacenado en la nube ha convertido a las plataformas tecnológicas como Google en una herramienta clave en la investigación de delitos de explotación sexual infantil. Las Fuerzas de Seguridad han detectado un aumento en el uso de plataformas virtuales de almacenamiento para guardar estos archivos, utilizando sistemas de encriptado para tratar de burlar los controles de los algoritmos que intentan detectar contenidos prohibidos.
Este caso refleja la importancia de la vigilancia y la protección de las víctimas en la lucha contra la explotación sexual infantil. La colaboración entre las autoridades españolas, estadounidenses y paraguayanas ha sido fundamental para resolver este caso y evitar que más personas se conviertan en víctimas de estos delitos.