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El nuevo Protocolo adicional al Convenio de Oviedo sobre la protección de los derechos humanos en el ámbito biomedicina ha reabierto un debate sobre las prácticas coercitivas en la atención a la salud mental. Según el presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, esta iniciativa ignora el cambio de paradigma que introduce la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y apara una práctica clínica que no escucha a las personas ni respeta su capacidad para decidir cómo quieren recuperarse.
Este protocolo da cobertura a medidas que actúan de forma agresiva sobre las personas, lejos de ayudar, pueden agravar su malestar emocional. "Sabemos que todas estas prácticas tienen un impacto negativo en la salud mental", señala González Zapico. Un ejemplo es la contención, que incluye contenciones mecánicas, químicas y emocionales, como chantajes o presiones.
"Se ha normalizado la idea de que si alguien está mal, hay que ingresarlo", afirma González Zapico. Pero cuidar bien a una persona implica respetar su opinión y permitirle elegir cómo quiere ser tratada. Sin esta participación activa, el cuidado se convierte en una forma de control.
La Confederación Salud Mental España advierte que este protocolo puede constituir un retroceso en derechos humanos fundamentales. El problema, sin embargo, no es solo de recursos, sino también de falta de voluntad política y cultura sanitaria anclada en el pasado.
La oposición al Protocolo adicional no es solo estatal, sino que también tiene apoyo de entidades europeas como Mental Health Europe, que forman parte de la campaña Withdraw Oviedo. Estas organizaciones reclaman la retirada del texto y buscan potenciar decisiones anticipadas, voluntades anticipadas y estrategias de desescalada emocional.
"Hay una combinación de falta de recursos, falta de voluntad política y cultura sanitaria anclada en el pasado", resume González Zapico. La Confederación Salud Mental España propone avanzar hacia la contención cero, es decir, eliminar las prácticas coercitivas y encontrar alternativas que respeten la autonomía y dignidad de las personas.
En lugar de coaccionar a las personas, deben ser tratadas como sujetos actores en su propio proceso terapéutico. La atención debe centrarse en crear un entorno seguro y acogedor, donde las personas puedan expresar sus necesidades y deseos sin miedo al control ni la coerción.
El debate sobre autonomía y dignidad es crucial en este momento. Las prácticas coercitivas pueden generar frustración extrema y traumas difíciles de revertir, añadiendo estrés postraumático a una situación ya vulnerable.
La Confederación Salud Mental España llama a la atención sobre que ser tratado contra la propia voluntad puede generar un impacto negativo en la salud mental. Organismos de Naciones Unidas han advertido de que la coerción en salud mental puede constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en algunos casos, tortura.
En resumen, el Protocolo adicional al Convenio de Oviedo sobre la protección de los derechos humanos en el ámbito biomedicina es una iniciativa que ignora el cambio de paradigma introducido por la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se basa en prácticas coercitivas y puede constituir un retroceso en derechos humanos fundamentales.
La Confederación Salud Mental España se opone a esta iniciativa y busca avanzar hacia una atención que respete la autonomía y dignidad de las personas, creando un entorno seguro y acogedor donde puedan expresar sus necesidades y deseos sin miedo al control ni la coerción.
Este protocolo da cobertura a medidas que actúan de forma agresiva sobre las personas, lejos de ayudar, pueden agravar su malestar emocional. "Sabemos que todas estas prácticas tienen un impacto negativo en la salud mental", señala González Zapico. Un ejemplo es la contención, que incluye contenciones mecánicas, químicas y emocionales, como chantajes o presiones.
"Se ha normalizado la idea de que si alguien está mal, hay que ingresarlo", afirma González Zapico. Pero cuidar bien a una persona implica respetar su opinión y permitirle elegir cómo quiere ser tratada. Sin esta participación activa, el cuidado se convierte en una forma de control.
La Confederación Salud Mental España advierte que este protocolo puede constituir un retroceso en derechos humanos fundamentales. El problema, sin embargo, no es solo de recursos, sino también de falta de voluntad política y cultura sanitaria anclada en el pasado.
La oposición al Protocolo adicional no es solo estatal, sino que también tiene apoyo de entidades europeas como Mental Health Europe, que forman parte de la campaña Withdraw Oviedo. Estas organizaciones reclaman la retirada del texto y buscan potenciar decisiones anticipadas, voluntades anticipadas y estrategias de desescalada emocional.
"Hay una combinación de falta de recursos, falta de voluntad política y cultura sanitaria anclada en el pasado", resume González Zapico. La Confederación Salud Mental España propone avanzar hacia la contención cero, es decir, eliminar las prácticas coercitivas y encontrar alternativas que respeten la autonomía y dignidad de las personas.
En lugar de coaccionar a las personas, deben ser tratadas como sujetos actores en su propio proceso terapéutico. La atención debe centrarse en crear un entorno seguro y acogedor, donde las personas puedan expresar sus necesidades y deseos sin miedo al control ni la coerción.
El debate sobre autonomía y dignidad es crucial en este momento. Las prácticas coercitivas pueden generar frustración extrema y traumas difíciles de revertir, añadiendo estrés postraumático a una situación ya vulnerable.
La Confederación Salud Mental España llama a la atención sobre que ser tratado contra la propia voluntad puede generar un impacto negativo en la salud mental. Organismos de Naciones Unidas han advertido de que la coerción en salud mental puede constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en algunos casos, tortura.
En resumen, el Protocolo adicional al Convenio de Oviedo sobre la protección de los derechos humanos en el ámbito biomedicina es una iniciativa que ignora el cambio de paradigma introducido por la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se basa en prácticas coercitivas y puede constituir un retroceso en derechos humanos fundamentales.
La Confederación Salud Mental España se opone a esta iniciativa y busca avanzar hacia una atención que respete la autonomía y dignidad de las personas, creando un entorno seguro y acogedor donde puedan expresar sus necesidades y deseos sin miedo al control ni la coerción.