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El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso enfrenta un nuevo obstáculo en su intento por aprobar la ley de educación superior (Lesuc) tras la negativa categórica de los rectores de las seis universidades públicas de Madrid. El proyecto, que busca reformar el modelo universitario y aumentar la eficiencia en la gestión de recursos, se encuentra bloqueado debido a la falta de respaldo del Consejo de Universidades de Madrid.
El grupo rectoral de las universidades públicas ha emitido un manifiesto en junio de 2024, cuyo contenido fue ampliamente criticado. Los rectores consideran que la ley invierte sus competencias y no aborda las necesidades de la sociedad ni las universidades. Aunque han aceptado la reducción del 30% de fondos para universidades públicas, esenciales para su supervivencia, reconocen que se trata de una solución temporal.
La comunidad universitaria ha estado en alerta y ha expresado su descontento por el proyecto, que consideran inadecuado. El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ha argumentado que la ley no atiende a las necesidades del estudiantado, el profesorado ni los consejos sociales.
El Gobierno central se ha mostrado inflexible y ha afirmado que la ley es una norma dialogada con las universidades. La situación se complica aún más debido al hecho de que los rectores tienen un peso moral significativo en el Consejo de Universidades de Madrid, a pesar de no tener voto.
El rector de la Politécnica, Óscar García, ha subrayado la necesidad de una estrategia y financiación para mejorar la calidad de las universidades. El modelo de reparto de fondos es desconocido y puede generar problemas en el futuro. En este sentido, los rectores consideran que deben recibir más recursos para financier básico.
El rector de la Autónoma, Amaya Mendikoetxea, ha mostrado una mayor sensibilidad hacia los problemas universitarios, aunque reconoce que no es suficiente. La planificación a largo plazo sigue siendo un desafío.
En resumen, el proyecto de ley de educación superior se enfrenta a nuevas dificultades tras la negativa categórica del grupo rectoral de las universidades públicas de Madrid. La comunidad académica sigue en alerta y exige cambios significativos en el modelo que se propone implementar.
El grupo rectoral de las universidades públicas ha emitido un manifiesto en junio de 2024, cuyo contenido fue ampliamente criticado. Los rectores consideran que la ley invierte sus competencias y no aborda las necesidades de la sociedad ni las universidades. Aunque han aceptado la reducción del 30% de fondos para universidades públicas, esenciales para su supervivencia, reconocen que se trata de una solución temporal.
La comunidad universitaria ha estado en alerta y ha expresado su descontento por el proyecto, que consideran inadecuado. El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ha argumentado que la ley no atiende a las necesidades del estudiantado, el profesorado ni los consejos sociales.
El Gobierno central se ha mostrado inflexible y ha afirmado que la ley es una norma dialogada con las universidades. La situación se complica aún más debido al hecho de que los rectores tienen un peso moral significativo en el Consejo de Universidades de Madrid, a pesar de no tener voto.
El rector de la Politécnica, Óscar García, ha subrayado la necesidad de una estrategia y financiación para mejorar la calidad de las universidades. El modelo de reparto de fondos es desconocido y puede generar problemas en el futuro. En este sentido, los rectores consideran que deben recibir más recursos para financier básico.
El rector de la Autónoma, Amaya Mendikoetxea, ha mostrado una mayor sensibilidad hacia los problemas universitarios, aunque reconoce que no es suficiente. La planificación a largo plazo sigue siendo un desafío.
En resumen, el proyecto de ley de educación superior se enfrenta a nuevas dificultades tras la negativa categórica del grupo rectoral de las universidades públicas de Madrid. La comunidad académica sigue en alerta y exige cambios significativos en el modelo que se propone implementar.