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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la sede de Plus Ultra en Madrid como parte de una investigación sobre presunto blanqueo de capitales. La aerolínea fue rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021 con un rescate de 53 millones de euros.
En noviembre de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid había acogido los argumentos de la aerolínea, que había recurrido la imputación de la compañía alegando que se había vencido el plazo de 12 meses para acordar esta imputación. Sin embargo, en enero de 2023, la juez dictó sobreseimiento provisional.
La investigación corriendo ahora es la misma que la que se inició en 2022 y que involucró a Vox, el PP y el pseudosindicato Manos Limpias, quienes denunciaron presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea. También hay una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que relaciona el dinero público del rescate con un pago a la petrolera venezolana PDVSA.
El Gobierno español había justificado el rescate como parte de las empresas estratégicas para cubrir las carencias de las conexiones aéreas con Latinoamérica. Sin embargo, expertos designados por el juzgado señalaban que Plus Ultra era una empresa en insolvencia desde 2019.
El escándalo involucró la calificación de la aerolínea como "estratégica" y informaciones sobre su vínculo con el Gobierno venezolano. La compañía había emitido un comunicado aclarando que eran una compañía española, aunque su accionariado estaba compuesto por nacionalidades diferentes.
La investigación ahora sigue en curso, pero aún no se han revelado detalles adicionales. Los agentes de la Policía Nacional detuvieron al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli, en la sede de la aerolínea en Madrid.
En noviembre de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid había acogido los argumentos de la aerolínea, que había recurrido la imputación de la compañía alegando que se había vencido el plazo de 12 meses para acordar esta imputación. Sin embargo, en enero de 2023, la juez dictó sobreseimiento provisional.
La investigación corriendo ahora es la misma que la que se inició en 2022 y que involucró a Vox, el PP y el pseudosindicato Manos Limpias, quienes denunciaron presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea. También hay una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que relaciona el dinero público del rescate con un pago a la petrolera venezolana PDVSA.
El Gobierno español había justificado el rescate como parte de las empresas estratégicas para cubrir las carencias de las conexiones aéreas con Latinoamérica. Sin embargo, expertos designados por el juzgado señalaban que Plus Ultra era una empresa en insolvencia desde 2019.
El escándalo involucró la calificación de la aerolínea como "estratégica" y informaciones sobre su vínculo con el Gobierno venezolano. La compañía había emitido un comunicado aclarando que eran una compañía española, aunque su accionariado estaba compuesto por nacionalidades diferentes.
La investigación ahora sigue en curso, pero aún no se han revelado detalles adicionales. Los agentes de la Policía Nacional detuvieron al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli, en la sede de la aerolínea en Madrid.