Un proceso penal sin abogados con formación técnica en el ámbito universitario. La asociación de abogados del Estado ha aclarado, ante el juez que investiga supuestas irregularidades en la gestión de una cátedra por Begoña Gómez, que no requiere una titulación específica para la firma de pliegos como los que suscribió la esposa del primer ministro.
La entidad ha manifestado que la aprobación de pliegos de prescripciones técnicas es responsabilidad del órgano de contratación y que no se exige una reserva de la función de redactarlos en un cuerpo específico de funcionarios. Además, concluye que "no se prevé una titulación concreta para su redacción".
La asociación de abogados del Estado ha remitido al juzgado información sobre las normas aplicables a los pliegos de condiciones y ha determinado que no existe una reserva de la función de redactarlos en un cuerpo específico de funcionarios. El órgano de contratación podrá recabar la colaboración de empresas privadas en la elaboración de especificaciones técnicas.
El juez Juan Carlos Peinado había pedido al organismo una información detallada sobre las cualificaciones académicas y titulación exigible para la firma de pliegos. Sin embargo, la asociación ha argumentado que esta petición comprometería la neutralidad del organismo dado que afecta al ámbito profesional, jurídico y estatutario de los abogados del Estado.
El caso sigue en el marco de una de las acusaciones contra Begoña Gómez por supuestas irregularidades en la gestión de la cátedra. El juez había atribuido a Gómez un delito de intrusismo por elaborar pliegos de prescripciones técnicas que habrían permitido a la universidad contratar una empresa privada para crear una plataforma de gestión de la cátedra que codirigió.
La asociación de abogados del Estado ha afirmado que no existe una reserva de la función de redactar pliegos en un cuerpo específico de funcionarios y que "ni siquiera se prevé que el órgano de contratación deba redactar él mismo tales documentos pudiendo recabar la colaboración de empresas privadas".
La entidad ha manifestado que la aprobación de pliegos de prescripciones técnicas es responsabilidad del órgano de contratación y que no se exige una reserva de la función de redactarlos en un cuerpo específico de funcionarios. Además, concluye que "no se prevé una titulación concreta para su redacción".
La asociación de abogados del Estado ha remitido al juzgado información sobre las normas aplicables a los pliegos de condiciones y ha determinado que no existe una reserva de la función de redactarlos en un cuerpo específico de funcionarios. El órgano de contratación podrá recabar la colaboración de empresas privadas en la elaboración de especificaciones técnicas.
El juez Juan Carlos Peinado había pedido al organismo una información detallada sobre las cualificaciones académicas y titulación exigible para la firma de pliegos. Sin embargo, la asociación ha argumentado que esta petición comprometería la neutralidad del organismo dado que afecta al ámbito profesional, jurídico y estatutario de los abogados del Estado.
El caso sigue en el marco de una de las acusaciones contra Begoña Gómez por supuestas irregularidades en la gestión de la cátedra. El juez había atribuido a Gómez un delito de intrusismo por elaborar pliegos de prescripciones técnicas que habrían permitido a la universidad contratar una empresa privada para crear una plataforma de gestión de la cátedra que codirigió.
La asociación de abogados del Estado ha afirmado que no existe una reserva de la función de redactar pliegos en un cuerpo específico de funcionarios y que "ni siquiera se prevé que el órgano de contratación deba redactar él mismo tales documentos pudiendo recabar la colaboración de empresas privadas".
Esto es demasiado ruido, ¿por qué no simplemente establecen normas claras y públicas? Si una abogada del Estado puede firmar pliegos sin necesidad de titulos, eso significa que la confianza está en el organismo que contrata, no en los funcionarios. 
Me parece un poco sospechoso todo esto. ¿Por qué no se investiga a quien se le da el favor? 
. Si cualquier persona con un poco de conocimiento técnico puede firmar pliegos sin necesidad de tener una titulación específica, ¿qué sentido tiene todo esto? Es como si se estuviera deslegitimando la función de los abogados del Estado. Además, si las empresas privadas pueden colaborar en la redacción de estos documentos, ¿quién se asegura que no están introduciendo información engañosa o errónea? ¡Es hora de que alguien se ponga el sombrero y busque respuestas claras! 
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Esto me parece una locura, ¿por qué no tienen que tener un título en derecho para firmar pliegos? Es como si se estuvieran burlando del sistema jurídico. Y ahora el órgano de contratación puede pedir ayuda a empresas privadas, ¡eso es un desastre! La asociación de abogados ha dicho que no hay reserva de la función de redactar pliegos en un cuerpo específico de funcionarios, pero ¿qué significa eso exactamente? 
Deben tener alguna formación básica para entender las normas 
. La verdad es que no se puede dejar que cualquier persona firme documentos importantes sin saber si tiene la capacitación necesaria 
. Esto es un escándalo 
, ¿cómo pueden asegurar que los pliegos sean legales si nadie sabe qué es lo que está firmando? 
. Es genial que la asociación de abogados del Estado esté defendiendo este absurdo. ¿Por qué tendrían que tener una titulación específica para redactar pliegos? ¿Es que no confían en sus habilidades ni en sus conocimientos universitarios? Me parece que este caso es un ejemplo perfecto de cómo el sistema está diseñado para favorecer a los que tienen conexiones o no se preocupan por las normas 
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. Me parece raro que un órgano de contratación no deba tener una reserva de funcionarios para redactar pliegos, especialmente cuando se trata de materias técnicas 
. Y ¿qué hay de las responsabilidades de los abogados del Estado en este asunto? ¿No tienen algún papel en todo esto? 
. Si no hay necesidad de una titulación específica para firmar pliegos, ¿por qué la asociación de abogados del Estado se opone a que los funcionarios del gobierno tengan que cumplir con esa misma titulación? Esto parece como un juego de las sombras 
. Y si el órgano de contratación puede recabar la colaboración de empresas privadas en la elaboración de especificaciones técnicas, ¿qué hay de garantizar que no vayan a hacerlo a manera de sobornos o por favoritismo? También me parece un poco extraño que el juez tenga que pedir información detallada sobre las cualificaciones académicas y titulación exigible para la firma de pliegos, cuando en realidad no parece que haya una reserva de la función de redactarlos en un cuerpo específico de funcionarios. En fin, creo que hay algo que no está bien aquí 
Lo que me gustaría saber es qué tipo de títulos los funcionarios necesitan para firmar pliegos y si eso afecta la calidad del trabajo. Quisiera leer más sobre ese tema, pero no tengo tiempo para buscar información actualizada en este momento...