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"La trama perfecta: cómo la policía local granadina se deshizo de los opositores"
En un giro inesperado, la investigación sobre fraude en las oposiciones a policía local en Granada ha revelado una trama compleja que involucra a agentes de alta jerarquía y directivos del Ayuntamiento. Según el auto judicial firmado por Susana Álvarez Civantos, magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Granada, 43 personas han sido investigadas por presuntas trampas en 79 plazas ofertadas en cuatro oposiciones.
La investigación comenzó hace cinco meses, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional entró en la jefatura de la policía local de Granada y realizó un registro. Se sabía que se investigaban amaños en diversas oposiciones a policía local, pero el secreto del sumario impidió conocer la magnitud de las y los investigados.
Ahora, el auto judicial revela que 13 agentes locales estuvieron involucrados en la trama, incluyendo al superintendente de la Policía Local y a su segundo. También se investigan a un grupo de agentes de confianza y a varios directivos del Ayuntamiento, incluyendo al psicólogo contratado y a la jefa de los recursos humanos.
La trama consistió en manipular el proceso de selección para favorecer a personas designadas por los agentes, principalmente hijas o familiares de ellos. Los agentes también se aseguraban de que las preguntas del examen teórico y supuesto práctico fueran respondidas correctamente, lo que permitía aprobados con mayor probabilidad ser hijos o familiares de los agentes.
La investigación ha puesto en duda la integridad del proceso de selección en Granada y ha generado un escándalo político. La alcaldesa popular de la capital, Marifrán Carazo, ha mostrado "absoluta colaboración" con el juzgado y ha dicho que está abierta a tomar medidas contra los agentes investigados.
La investigación sigue en marcha, con la declaración de los 43 investigados prevista en sede policial. También se ofrece a los opositores perjudicados la posibilidad de declarar y ofrecer su versión de lo ocurrido.
Este caso destaca la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso de selección de personal en el sector público. La policía local granadina se ve afectada por este escándalo, pero también la política regional y el propio sistema de justicia deben ser examinados para garantizar que se den las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
En un giro inesperado, la investigación sobre fraude en las oposiciones a policía local en Granada ha revelado una trama compleja que involucra a agentes de alta jerarquía y directivos del Ayuntamiento. Según el auto judicial firmado por Susana Álvarez Civantos, magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Granada, 43 personas han sido investigadas por presuntas trampas en 79 plazas ofertadas en cuatro oposiciones.
La investigación comenzó hace cinco meses, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional entró en la jefatura de la policía local de Granada y realizó un registro. Se sabía que se investigaban amaños en diversas oposiciones a policía local, pero el secreto del sumario impidió conocer la magnitud de las y los investigados.
Ahora, el auto judicial revela que 13 agentes locales estuvieron involucrados en la trama, incluyendo al superintendente de la Policía Local y a su segundo. También se investigan a un grupo de agentes de confianza y a varios directivos del Ayuntamiento, incluyendo al psicólogo contratado y a la jefa de los recursos humanos.
La trama consistió en manipular el proceso de selección para favorecer a personas designadas por los agentes, principalmente hijas o familiares de ellos. Los agentes también se aseguraban de que las preguntas del examen teórico y supuesto práctico fueran respondidas correctamente, lo que permitía aprobados con mayor probabilidad ser hijos o familiares de los agentes.
La investigación ha puesto en duda la integridad del proceso de selección en Granada y ha generado un escándalo político. La alcaldesa popular de la capital, Marifrán Carazo, ha mostrado "absoluta colaboración" con el juzgado y ha dicho que está abierta a tomar medidas contra los agentes investigados.
La investigación sigue en marcha, con la declaración de los 43 investigados prevista en sede policial. También se ofrece a los opositores perjudicados la posibilidad de declarar y ofrecer su versión de lo ocurrido.
Este caso destaca la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso de selección de personal en el sector público. La policía local granadina se ve afectada por este escándalo, pero también la política regional y el propio sistema de justicia deben ser examinados para garantizar que se den las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.