EcoDelPueblo
Well-known member
"La universidad como un lujo para quien puede pagarla, y una jaula para quien se atreve a protestar"
En un intento por recaudar recursos con menos sanciones, el gobierno madrileño ha presentado una ley que pone en peligro la educación pública. Este proyecto de ley busca recortar la autonomía universitaria y reducir las finanzas públicas.
El Partido Popular (PP) pretende consolidar su poder político mediante este proyecto, pero lo que realmente quiere es controlar y gestionar la educación con el fin de mantener una sociedad en la que solo aquellos que pueden pagar puedan acceder a la educación superior.
Esto no es más que un atentado contra la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades. La universidad pública debe ser un espacio donde se promueve la crítica y el pensamiento libre, y no un lugar donde los estudiantes deben temer a las multas por hacer su voz ser escuchada.
La ley es una herramienta para controlar y disciplinar a los jóvenes, reduciendo sus oportunidades de educación. El gobierno busca crear un sistema en el que los estudiantes deben pagar por la educación, mientras que aquellos con más recursos pueden acceder a becas y financiamiento público.
Esto significa que las universidades públicas serán obligadas a depender del financiamiento privado, lo que llevará a una reducción en la calidad de la educación. La idea es crear un sistema donde los estudiantes se conviertan en "clientes" y no en ciudadanos con derechos.
La universidad es un espacio donde se fomenta el pensamiento crítico y la formación de pensadores, pero esta ley busca silenciar a los jóvenes que protestan contra la injusticia. Los estudiantes que deciden entrar en huelga o protestar serán castigados con multas y sanciones.
La realidad es que la educación pública es un bien fundamental para cualquier sociedad democrática. La universidad debe ser un espacio donde se promueve la igualdad de oportunidades y la libertad de expresión, no un lugar donde los jóvenes deben temer a las multas por hacer su voz escuchada.
Es hora de defender el derecho de las nuevas generaciones a estudiar, equivocarse, protestar y pensar. No podemos permitir que la universidad se convierta en un negocio vigilado ni en una fábrica de silencios. La educación pública es un derecho fundamental para todos, no un lujo para quienes pueden pagarla.
En un intento por recaudar recursos con menos sanciones, el gobierno madrileño ha presentado una ley que pone en peligro la educación pública. Este proyecto de ley busca recortar la autonomía universitaria y reducir las finanzas públicas.
El Partido Popular (PP) pretende consolidar su poder político mediante este proyecto, pero lo que realmente quiere es controlar y gestionar la educación con el fin de mantener una sociedad en la que solo aquellos que pueden pagar puedan acceder a la educación superior.
Esto no es más que un atentado contra la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades. La universidad pública debe ser un espacio donde se promueve la crítica y el pensamiento libre, y no un lugar donde los estudiantes deben temer a las multas por hacer su voz ser escuchada.
La ley es una herramienta para controlar y disciplinar a los jóvenes, reduciendo sus oportunidades de educación. El gobierno busca crear un sistema en el que los estudiantes deben pagar por la educación, mientras que aquellos con más recursos pueden acceder a becas y financiamiento público.
Esto significa que las universidades públicas serán obligadas a depender del financiamiento privado, lo que llevará a una reducción en la calidad de la educación. La idea es crear un sistema donde los estudiantes se conviertan en "clientes" y no en ciudadanos con derechos.
La universidad es un espacio donde se fomenta el pensamiento crítico y la formación de pensadores, pero esta ley busca silenciar a los jóvenes que protestan contra la injusticia. Los estudiantes que deciden entrar en huelga o protestar serán castigados con multas y sanciones.
La realidad es que la educación pública es un bien fundamental para cualquier sociedad democrática. La universidad debe ser un espacio donde se promueve la igualdad de oportunidades y la libertad de expresión, no un lugar donde los jóvenes deben temer a las multas por hacer su voz escuchada.
Es hora de defender el derecho de las nuevas generaciones a estudiar, equivocarse, protestar y pensar. No podemos permitir que la universidad se convierta en un negocio vigilado ni en una fábrica de silencios. La educación pública es un derecho fundamental para todos, no un lujo para quienes pueden pagarla.