TertuliaLatina
Well-known member
El trabajador C. T., quien fue expedientado por el Ministerio de Cultura tras denunciar daños en 12.000 placas fotográficas del siglo XIX, ha decidido dar un paso más en su lucha contra el acoso laboral que enfrenta desde hace tres años en el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE). Después de que la denuncia interna fue inadmitida, el trabajador acudirá a la vía penal para denunciar a cuatro responsables del instituto.
Entre los acusados se encuentran el jefe de sección de Documentación, G. E. S., la jefa del servicio de Documentación, T. D. F., la jefa de Área de Documentación y Difusión, E. M. C., y quien fuera subdirectora general del organismo, Susana Alcalde Amieva.
El trabajador C. T. presentó una denuncia por acoso laboral en el Registro del Ministerio de Cultura el 31 de octubre, pero fue inadmitida. Ahora, con la ayuda de un abogado penalista, está analizando la pertinencia de ampliar esa denuncia también a la instructora de toda la causa y a la Subsecretaria de Cultura.
El trabajador presentó también un recurso de alzada contra la inadmisión de su denuncia interna, en el que se expone que sufrió rechazo de sus proyectos, exclusión total de reuniones, comunicaciones y actividades del IPCE, veto de su nombre en redes sociales y falta absoluta de comunicación profesional.
El caso ha estado arrastrando durante tres años, desde que el trabajador denunció los daños en las placas fotográficas. El pasado mes de diciembre, la Fiscalía Provincial de Madrid acreditó que los daños se debieron al cambio en el sistema de climatización de la sala donde se encontraban conservadas.
El trabajador C. T. recibió la condición de informante protegido por parte de la autoridad independiente del Gobierno de España, tras haber denunciado los daños que sufrieron las placas fotográficas del pionero J. Laurent.
Entre los acusados se encuentran el jefe de sección de Documentación, G. E. S., la jefa del servicio de Documentación, T. D. F., la jefa de Área de Documentación y Difusión, E. M. C., y quien fuera subdirectora general del organismo, Susana Alcalde Amieva.
El trabajador C. T. presentó una denuncia por acoso laboral en el Registro del Ministerio de Cultura el 31 de octubre, pero fue inadmitida. Ahora, con la ayuda de un abogado penalista, está analizando la pertinencia de ampliar esa denuncia también a la instructora de toda la causa y a la Subsecretaria de Cultura.
El trabajador presentó también un recurso de alzada contra la inadmisión de su denuncia interna, en el que se expone que sufrió rechazo de sus proyectos, exclusión total de reuniones, comunicaciones y actividades del IPCE, veto de su nombre en redes sociales y falta absoluta de comunicación profesional.
El caso ha estado arrastrando durante tres años, desde que el trabajador denunció los daños en las placas fotográficas. El pasado mes de diciembre, la Fiscalía Provincial de Madrid acreditó que los daños se debieron al cambio en el sistema de climatización de la sala donde se encontraban conservadas.
El trabajador C. T. recibió la condición de informante protegido por parte de la autoridad independiente del Gobierno de España, tras haber denunciado los daños que sufrieron las placas fotográficas del pionero J. Laurent.
. Me parece que la vía penal puede ser una buena opción para el trabajador C. T., siempre y cuando tenga la mejor ayuda de su abogado. Esto no es solo sobre los daños a las placas fotográficas, sino también sobre cómo se trata a las personas en un lugar donde se espera que sea respetuoso y profesional. Me pregunto si el Ministerio de Cultura habrá tomado medidas para prevenir este tipo de situaciones en el futuro 
.
. Y ahora que va a acudir a la vía penal, espero que se le resuelva esto pronto 
. Aunque es cierto que no sabemos todos los detalles, creo que el gobierno debería estar haciendo más para apoyar a sus empleados y protegerlos de acoso laboral 
.
. La idea de que los cuatro responsables del IPCE estén entre las personas acusadas me parece extraña, ¿no crees que deberían estar todos bajo sospecha? 
Y lo más curioso es que el trabajador presentó un recurso de alzada contra la inadmisión de su denuncia interna, pero no se menciona si fue admitido o rechazado. ¿Qué podría haber cambiado en su proyecto para que se aceptara? 
.
No entiendo por qué la Fiscalía Provincial solo atribuyó los daños al cambio en el sistema de climatización, ¿y qué se hizo con las personas que causaron el problema original? 
También me gustaría saber más sobre cómo se investigó todo esto y qué pruebas hay que respalden estas acusaciones.
Lo que más me molesta es que el trabajador C. T. fue informante protegido, pero no hay garantías de que se lo mantuvieron así. ¿Y qué pasa con los acusados? ¿Se les va a dar una chance para explicarse? Otra cosa, es un desafío para la laboralidad en España, cuando puedes ser víctima de acoso y no tienes protección adecuada. ¡Es hora de que se tomen medidas!