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El Senado ha dado un paso más en su búsqueda por endurecer los beneficios penitenciarios a los presos de ETA. La mayoría absoluta del partido Popular, ha dado luz verde para que la cuestión sea tramitada, pese al rechazo del PSOE.
La iniciativa legislativa busca cambiar los requisitos exigidos para la clasificación o progresión de grado en las personas condenadas por terrorismo. El PP busca eliminar la ambigüedad a la hora de referirse a "autoridades" y su interpretación quedará en manos de la administración penitenciaria.
El objetivo es cambiar el término "autoridades" por "autoridades policiales y judiciales", lo que significaría que solo aquellos presos que colaboran con las fuerzas del orden podrían beneficiarse de una mejor clasificación o progresión en su condena. El partido popular busca evitar que los terroristas utilicen lagunas legales para conseguir beneficios penitenciarios.
La iniciativa ha sido criticada por el PSOE, que ha denunciado que se está tratando de "cerrar la grieta" abierta por Pedro Sánchez en favor del apoyo a ETA. El partido socialista ha afirmado que el PP confunde traslados penitenciarios con beneficios y que esta iniciativa es un ejemplo de retroceso legislativo sin atender a una necesidad real.
La oposición también ha criticado la propuesta, destacando que se trata de una manifestación clara de punitivismo exacerbado. La senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, ha reprochado al PP que esta ley sea un instrumento de castigo permanente que renuncia a la justicia y abraza la venganza.
El camino hacia la tramitación de esta ley en el Congreso se antoja complicado, ya que el partido popular enfrenta la oposición del Congreso. La Mesa del Congreso de los Diputados está "bloqueando" las leyes que se aprueban en el Senado y metiéndolas en el congelador.
La crisis abierta por esta iniciativa pone a prueba la capacidad de encontrar soluciones y no crear más problemas, sobre todo cuando se trata de personas que han sido condenadas por delitos graves como los terroristas.
La iniciativa legislativa busca cambiar los requisitos exigidos para la clasificación o progresión de grado en las personas condenadas por terrorismo. El PP busca eliminar la ambigüedad a la hora de referirse a "autoridades" y su interpretación quedará en manos de la administración penitenciaria.
El objetivo es cambiar el término "autoridades" por "autoridades policiales y judiciales", lo que significaría que solo aquellos presos que colaboran con las fuerzas del orden podrían beneficiarse de una mejor clasificación o progresión en su condena. El partido popular busca evitar que los terroristas utilicen lagunas legales para conseguir beneficios penitenciarios.
La iniciativa ha sido criticada por el PSOE, que ha denunciado que se está tratando de "cerrar la grieta" abierta por Pedro Sánchez en favor del apoyo a ETA. El partido socialista ha afirmado que el PP confunde traslados penitenciarios con beneficios y que esta iniciativa es un ejemplo de retroceso legislativo sin atender a una necesidad real.
La oposición también ha criticado la propuesta, destacando que se trata de una manifestación clara de punitivismo exacerbado. La senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, ha reprochado al PP que esta ley sea un instrumento de castigo permanente que renuncia a la justicia y abraza la venganza.
El camino hacia la tramitación de esta ley en el Congreso se antoja complicado, ya que el partido popular enfrenta la oposición del Congreso. La Mesa del Congreso de los Diputados está "bloqueando" las leyes que se aprueban en el Senado y metiéndolas en el congelador.
La crisis abierta por esta iniciativa pone a prueba la capacidad de encontrar soluciones y no crear más problemas, sobre todo cuando se trata de personas que han sido condenadas por delitos graves como los terroristas.