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El expresidente del Club Laietà, Domingo Goenaga, ha asegurado en el juzgado que los pagos de cerca de 1.5 millones de euros por las molestias causadas por las obras del Espai Barça a su entidad fueron legales y justificados.
Según fuentes jurídicas informadas a ACN, durante más de una hora de audiencia, Goenaga explicó que el dinero se pagó para compensarle a la entidad por las molestias que le causaron las obras. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en julio de 2017 un plan general metropolitano que incluía el proyecto del Espai Barça, que no afectaría a su instalación.
El club azulgrana finalmente pagó unos 561.000 euros al Club Laietà y 421.000 euros a su fundación por las molestias causadas por el polvo y el ruido producidos en sus instalaciones durante la construcción del Espai Barça, así como otros gastos relacionados con el uso de estas instalaciones por parte de los trabajadores de las obras.
Sin embargo, la fiscalía acusa que estos pagos fueron realizados a espaldas de la mayoría de la directiva azulgrana y que su justificación fue falsa. La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona sostiene que el pago se realizaron sin la autorización necesaria de la junta directiva, lo que constituiría un "trato injustificado de favor" a Laietà.
El caso también involucra al expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y otros exdirectivos del club, cuyo nombre está incluido en una lista de 11 personas investigadas por la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra. Entre ellos se encuentran Jordi Mestre e Ignacio Mestre, acusados de administración desleal continuada.
El fiscalista sostiene que la junta directiva de Joan Laporta denunció las irregularidades en enero de 2022 y el ministerio público encargó la investigación a la Unidad Central. La fiscalía presenta un perjuicio de 30 millones de euros al club y al Laietà, pero el juzgado decide investigar a los acusados, que están entre ellos Bartomeu, Mestre e Ignacio Mestre.
También se sospecha una comisión de 10 millones de euros pagada por el Barça en un contrato con la sociedad Elenko Sports para el fichaje del brasileño Malcom. El club pagó supuestamente 855.600 euros a esta empresa, y más tarde presentó una declaración de Hacienda complementaria que supuso el pago de 2,9 millones de euros más por recargos e intereses.
Ignacio Mestre declaró en el juzgado que se hizo un "contrato verbal" con González Franco para pagarle sus honorarios y una comisión del 10% del dinero ahorrado por el club. A principios de marzo le pagaron 950.000 euros como honorarios fijos, cantidad que habría autorizado la junta directiva semanas después.
La fiscalía sospecha que González Franco no intervino en el acuerdo de conformidad, sino que lo hizo otro abogado, y que el dinero que cobró fue para pagar la defensa de Bartomeu. Además, recuerda que el club ya tenía una póliza de seguro que incluía la defensa jurídica.
El caso sigue siendo investigado en el juzgado de instrucción número 16 de Barcelona.
Según fuentes jurídicas informadas a ACN, durante más de una hora de audiencia, Goenaga explicó que el dinero se pagó para compensarle a la entidad por las molestias que le causaron las obras. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en julio de 2017 un plan general metropolitano que incluía el proyecto del Espai Barça, que no afectaría a su instalación.
El club azulgrana finalmente pagó unos 561.000 euros al Club Laietà y 421.000 euros a su fundación por las molestias causadas por el polvo y el ruido producidos en sus instalaciones durante la construcción del Espai Barça, así como otros gastos relacionados con el uso de estas instalaciones por parte de los trabajadores de las obras.
Sin embargo, la fiscalía acusa que estos pagos fueron realizados a espaldas de la mayoría de la directiva azulgrana y que su justificación fue falsa. La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona sostiene que el pago se realizaron sin la autorización necesaria de la junta directiva, lo que constituiría un "trato injustificado de favor" a Laietà.
El caso también involucra al expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y otros exdirectivos del club, cuyo nombre está incluido en una lista de 11 personas investigadas por la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra. Entre ellos se encuentran Jordi Mestre e Ignacio Mestre, acusados de administración desleal continuada.
El fiscalista sostiene que la junta directiva de Joan Laporta denunció las irregularidades en enero de 2022 y el ministerio público encargó la investigación a la Unidad Central. La fiscalía presenta un perjuicio de 30 millones de euros al club y al Laietà, pero el juzgado decide investigar a los acusados, que están entre ellos Bartomeu, Mestre e Ignacio Mestre.
También se sospecha una comisión de 10 millones de euros pagada por el Barça en un contrato con la sociedad Elenko Sports para el fichaje del brasileño Malcom. El club pagó supuestamente 855.600 euros a esta empresa, y más tarde presentó una declaración de Hacienda complementaria que supuso el pago de 2,9 millones de euros más por recargos e intereses.
Ignacio Mestre declaró en el juzgado que se hizo un "contrato verbal" con González Franco para pagarle sus honorarios y una comisión del 10% del dinero ahorrado por el club. A principios de marzo le pagaron 950.000 euros como honorarios fijos, cantidad que habría autorizado la junta directiva semanas después.
La fiscalía sospecha que González Franco no intervino en el acuerdo de conformidad, sino que lo hizo otro abogado, y que el dinero que cobró fue para pagar la defensa de Bartomeu. Además, recuerda que el club ya tenía una póliza de seguro que incluía la defensa jurídica.
El caso sigue siendo investigado en el juzgado de instrucción número 16 de Barcelona.