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El Congreso de los Diputados ha iniciado el proceso legislativo para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un solo grupo, eliminando así la actual división entre los subgrupos A1 y A2. La proposición de ley se presentó en la Comisión de Igualdad y ha recibido 155 votos a favor, 33 en contra y 156 abstenciones.
El objetivo principal de esta reforma es actualizar la clasificación profesional del personal funcionario de carrera y asegurar que todos los profesionales con título universitario de grado se encuentren en un mismo grupo. Esto permitiría el acceso igualitario a puestos directivos, grupos de investigación y docencia para todos los profesionales, sin importar su área de especialización.
Sin embargo, esta medida ha sido criticada por varias asociaciones y sindicatos, que argumentan que la reforma podría afectar negativamente a otros cuerpos de la función pública. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado considera que la proposición de ley "puede sentar las bases para una reclasificación totalmente descabellada" y denuncia un "atajo político" que podría dinamitar la carrera funcionarial.
Por otro lado, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) valora esta medida como un paso importante hacia la reconocimiento efectivo de funciones técnicas superiores. Recuerdan que concretamente los técnicos del Ministerio de Hacienda han estado reclamando durante 25 años un mejor encaje para aprovechar su potencial.
El PSOE también ha intervenido en este debate, con el líder político expresando su condición ante la "reciente violación de la legalidad internacional" en Venezuela.
El objetivo principal de esta reforma es actualizar la clasificación profesional del personal funcionario de carrera y asegurar que todos los profesionales con título universitario de grado se encuentren en un mismo grupo. Esto permitiría el acceso igualitario a puestos directivos, grupos de investigación y docencia para todos los profesionales, sin importar su área de especialización.
Sin embargo, esta medida ha sido criticada por varias asociaciones y sindicatos, que argumentan que la reforma podría afectar negativamente a otros cuerpos de la función pública. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado considera que la proposición de ley "puede sentar las bases para una reclasificación totalmente descabellada" y denuncia un "atajo político" que podría dinamitar la carrera funcionarial.
Por otro lado, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) valora esta medida como un paso importante hacia la reconocimiento efectivo de funciones técnicas superiores. Recuerdan que concretamente los técnicos del Ministerio de Hacienda han estado reclamando durante 25 años un mejor encaje para aprovechar su potencial.
El PSOE también ha intervenido en este debate, con el líder político expresando su condición ante la "reciente violación de la legalidad internacional" en Venezuela.