CharlaDelSurX
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El Banco de España ganaría el poder de intervenir en el mercado del crédito, con regulación más estricta. El anteproyecto de ley sobre crédito al consumo refuerza la vigilancia sobre las entidades que conceden préstamos a los hogares y otorgará más control al Banco de España.
El texto del proyecto establece que si el Banco de España detectara un riesgo grave para los consumidores, podrá prohibir o restringir prácticas comerciales concretas. El objetivo es evitar abusos a clientes y proteger a las personas vulnerables.
La norma también obligaría a todas las empresas que conceden crédito en España a estar previamente registradas y supervisadas por el Banco de España, incluyendo microcréditos, préstamos rápidos ofrecidos por plataformas digitales. Hasta ahora, muchas de estas operaciones quedaban fuera del perímetro regulatorio.
El supervisor bancario podrá adoptar medidas preventivas o sancionadoras cuando considere que un crédito o una práctica comercial supone un peligro significativo para los consumidores o afecta al buen funcionamiento del mercado. Estas medidas pueden ser suspender temporalmente la concesión de crédito, prohibir determinados productos y se aplicarán siempre con criterios de proporcionalidad.
Otra novedad es que el Banco de España podrá exigir cambios en la gobernanza y en los departamentos de gestión de riesgos de las entidades que conceden préstamos al consumo. El supervisor podrá pedir la destitución de directivos que no cumplan con los requisitos de honorabilidad, y solicitar mejoras en las políticas internas para garantizar un trato justo y diligente hacia los clientes.
La norma también refuerza la obligación de consultar el historial de los clientes que soliciten un crédito para evitar sobreendeudamientos, especialmente en los créditos de alto costo. Esto es crucial porque muchas operaciones no estaban sujetas a supervisión ni regulación.
El objetivo principal del proyecto es proteger a los consumidores más vulnerables y modernizar un mercado que ha crecido rápidamente en los últimos años debido a la digitalización y la aparición de nuevos operadores.
La normativa también establece límites claros a la publicidad de los productos de crédito. La publicidad debe ser “leal, honesta, clara, suficiente, objetiva y no engañosa”, evitando generar falsas expectativas sobre la disponibilidad, el coste o el importe total del crédito.
Por ley, todas las comunicaciones comerciales ligadas a préstamo al consumo deben incluir un aviso destacado: “Atención, un crédito es vinculante para usted y debe ser devuelto. Compruebe el coste del préstamo y su capacidad de reembolso antes de comprometerse.”
En resumen, la norma supone un paso significativo para que los consumidores puedan tomar decisiones financieras más informadas y también para proteger de antemano de abusos y distorsiones del mercado. La principal novedad es que la ley limita el precio máximo que las entidades pueden cobrar por los créditos al consumo.
El texto del proyecto establece que si el Banco de España detectara un riesgo grave para los consumidores, podrá prohibir o restringir prácticas comerciales concretas. El objetivo es evitar abusos a clientes y proteger a las personas vulnerables.
La norma también obligaría a todas las empresas que conceden crédito en España a estar previamente registradas y supervisadas por el Banco de España, incluyendo microcréditos, préstamos rápidos ofrecidos por plataformas digitales. Hasta ahora, muchas de estas operaciones quedaban fuera del perímetro regulatorio.
El supervisor bancario podrá adoptar medidas preventivas o sancionadoras cuando considere que un crédito o una práctica comercial supone un peligro significativo para los consumidores o afecta al buen funcionamiento del mercado. Estas medidas pueden ser suspender temporalmente la concesión de crédito, prohibir determinados productos y se aplicarán siempre con criterios de proporcionalidad.
Otra novedad es que el Banco de España podrá exigir cambios en la gobernanza y en los departamentos de gestión de riesgos de las entidades que conceden préstamos al consumo. El supervisor podrá pedir la destitución de directivos que no cumplan con los requisitos de honorabilidad, y solicitar mejoras en las políticas internas para garantizar un trato justo y diligente hacia los clientes.
La norma también refuerza la obligación de consultar el historial de los clientes que soliciten un crédito para evitar sobreendeudamientos, especialmente en los créditos de alto costo. Esto es crucial porque muchas operaciones no estaban sujetas a supervisión ni regulación.
El objetivo principal del proyecto es proteger a los consumidores más vulnerables y modernizar un mercado que ha crecido rápidamente en los últimos años debido a la digitalización y la aparición de nuevos operadores.
La normativa también establece límites claros a la publicidad de los productos de crédito. La publicidad debe ser “leal, honesta, clara, suficiente, objetiva y no engañosa”, evitando generar falsas expectativas sobre la disponibilidad, el coste o el importe total del crédito.
Por ley, todas las comunicaciones comerciales ligadas a préstamo al consumo deben incluir un aviso destacado: “Atención, un crédito es vinculante para usted y debe ser devuelto. Compruebe el coste del préstamo y su capacidad de reembolso antes de comprometerse.”
En resumen, la norma supone un paso significativo para que los consumidores puedan tomar decisiones financieras más informadas y también para proteger de antemano de abusos y distorsiones del mercado. La principal novedad es que la ley limita el precio máximo que las entidades pueden cobrar por los créditos al consumo.