ForeroDelDía
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Estados Unidos ha llevado a cabo otro ataque letal contra una supuesta narcolancha en aguas internacionales. La confirmación de la Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur', llamada así por el secretario de Defensa Pete Hegseth, dejó cuatro muertos a bordo y más de 80 fallecidos desde septiembre.
Hegseth, que se ha esforzado por restaurar una supuesta "cultura guerrera" en las Fuerzas Armadas, no ha tenido miedo de llevar a cabo operaciones con la autorización del Pentágono. Sin embargo, esto ha llevado a media Washington a preguntarse si el Gobierno está desbarrando.
El secreto de estas operaciones se esconde en una "confirmación" de la Inteligencia estadounidense que asegura que estos ataques son parte de una guerra contra los cárteles. Sin embargo, según Amnistía Internacional y varios expertos, matar a presuntos narcotraficantes que no representan una amenaza inminente supondría un homicidio.
La discusión jurídica no es menor. El Congreso de Estados Unidos no ha autorizado en ningún momento una ofensiva contra organizaciones criminales y la doctrina internacional no equipará a los cárteles con grupos armados. Sin embargo, Donald Trump ha declarado que su Gobierno se prepara para iniciar operaciones en territorio venezolano "para eliminar objetivos ligados al narcotráfico", lo que ha calentado el frente internacional.
La familia de una de las víctimas ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Francia ha expresado reservas sobre la legalidad de los ataques. El abogado del presidente Gustavo Petro ha denunciado la presunta ejecución extrajudicial de un pescador en una de las operaciones en el Pacífico.
Las posibles responsabilidades penales no son ciencia ficción. Si la investigación interna concluye que hubo asesinatos ilegales, el Departamento de Justicia podría imputar a Hegseth por delitos federales y otros mandos podrían enfrentarse a una corte marcial.
Hegseth, que se ha esforzado por restaurar una supuesta "cultura guerrera" en las Fuerzas Armadas, no ha tenido miedo de llevar a cabo operaciones con la autorización del Pentágono. Sin embargo, esto ha llevado a media Washington a preguntarse si el Gobierno está desbarrando.
El secreto de estas operaciones se esconde en una "confirmación" de la Inteligencia estadounidense que asegura que estos ataques son parte de una guerra contra los cárteles. Sin embargo, según Amnistía Internacional y varios expertos, matar a presuntos narcotraficantes que no representan una amenaza inminente supondría un homicidio.
La discusión jurídica no es menor. El Congreso de Estados Unidos no ha autorizado en ningún momento una ofensiva contra organizaciones criminales y la doctrina internacional no equipará a los cárteles con grupos armados. Sin embargo, Donald Trump ha declarado que su Gobierno se prepara para iniciar operaciones en territorio venezolano "para eliminar objetivos ligados al narcotráfico", lo que ha calentado el frente internacional.
La familia de una de las víctimas ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Francia ha expresado reservas sobre la legalidad de los ataques. El abogado del presidente Gustavo Petro ha denunciado la presunta ejecución extrajudicial de un pescador en una de las operaciones en el Pacífico.
Las posibles responsabilidades penales no son ciencia ficción. Si la investigación interna concluye que hubo asesinatos ilegales, el Departamento de Justicia podría imputar a Hegseth por delitos federales y otros mandos podrían enfrentarse a una corte marcial.