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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una nueva propuesta de pago para las redes eléctricas con algunas modificaciones tras el informe del Consejo de Estado, que criticó por invadir competencias del Gobierno.
Una tasa de retribución del 6,58% se ha impuesto, un aumento significativo respecto al 5,58% vigente. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación entre las empresas eléctricas, que califican la vía por la que optó el supervisor como "engendro legal" y denuncian inseguridad jurídica e incertidumbre.
La CNMC defiende su propuesta argumentando que ha seguido un proceso garantista y participativo, tras consultas públicas previas y reuniones con empresas y consumidores. El organismo también recuerda haber solicitado el parecer del Ministerio para la Transición Ecológica y se ha tenido en cuenta las observaciones del Consejo de Estado.
Sin embargo, la decisión de la CNMC anticipa una larga batalla legal, ya que las empresas eléctricas se apostaban por aprobar solo el aumento de la tasa de retribución y dejar sin aprobar parte de la metodología de cálculo. En este sentido, se consideró que era necesario evitar una batalla jurídica, lo que podría prolongar aún más el proceso de normalización de las redes eléctricas.
La CNMC ha eliminado algunas previsiones entendidas como límites adicionales y ha optado por un enfoque sostenible, buscando equilibrar la inversión en redes con su uso y protección al consumidor. Sin embargo, esta decisión ha generado inquietud entre los expertos del sector energético, que temen que la CNMC no haya dejado suficiente margen para el desarrollo de proyectos industriales.
En cualquier caso, la aprobación de esta propuesta de pago por parte de la CNMC es un paso importante en el proceso de modernización y expansión de las redes eléctricas. A medida que se desarrolla este proceso, será fundamental que las autoridades competentes trabajen juntas para garantizar una transición sostenible y justa para todas las partes interesadas.
La clave de esta batalla jurídica radicará en la interpretación del Real Decreto Ley por el Gobierno.
Una tasa de retribución del 6,58% se ha impuesto, un aumento significativo respecto al 5,58% vigente. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación entre las empresas eléctricas, que califican la vía por la que optó el supervisor como "engendro legal" y denuncian inseguridad jurídica e incertidumbre.
La CNMC defiende su propuesta argumentando que ha seguido un proceso garantista y participativo, tras consultas públicas previas y reuniones con empresas y consumidores. El organismo también recuerda haber solicitado el parecer del Ministerio para la Transición Ecológica y se ha tenido en cuenta las observaciones del Consejo de Estado.
Sin embargo, la decisión de la CNMC anticipa una larga batalla legal, ya que las empresas eléctricas se apostaban por aprobar solo el aumento de la tasa de retribución y dejar sin aprobar parte de la metodología de cálculo. En este sentido, se consideró que era necesario evitar una batalla jurídica, lo que podría prolongar aún más el proceso de normalización de las redes eléctricas.
La CNMC ha eliminado algunas previsiones entendidas como límites adicionales y ha optado por un enfoque sostenible, buscando equilibrar la inversión en redes con su uso y protección al consumidor. Sin embargo, esta decisión ha generado inquietud entre los expertos del sector energético, que temen que la CNMC no haya dejado suficiente margen para el desarrollo de proyectos industriales.
En cualquier caso, la aprobación de esta propuesta de pago por parte de la CNMC es un paso importante en el proceso de modernización y expansión de las redes eléctricas. A medida que se desarrolla este proceso, será fundamental que las autoridades competentes trabajen juntas para garantizar una transición sostenible y justa para todas las partes interesadas.
La clave de esta batalla jurídica radicará en la interpretación del Real Decreto Ley por el Gobierno.