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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado su propuesta de pago para las redes eléctricas tras el informe del Consejo de Estado que concluyó que su propuesta invadía competencias del Gobierno.
La CNMC ha aprobativa una tasa de retribución del 6,58% para la actividad de distribución de energía eléctrica. Esta tasa se aplica sobre el valor de los activos, como las redes eléctricas, para compensar a las empresas por realizar inversiones y mantener estas infraestructuras.
La CNMC ha modificado su propuesta original, que superaba al 6,46% vigente y estaba más cerca del 7% pretendido por las compañías. El organismo regulador también ha eliminado el límite de inversión reconocible para calcular la retribución al 80% del tope de las inversiones que tienen las empresas.
Sin embargo, la CNMC defiende que su nueva metodología de retribución incorpora mejoras encaminadas a lograr mayor eficiencia en las redes, mejorar la calidad, reducir las pérdidas e incentivar la electrificación de la economía. El organismo asegura que ha seguido un procedimiento garantista y participativo.
A pesar de estos cambios, la decisión de la CNMC anticipa una larga batalla legal. Algunas fuentes del sector energético califican la vía por la que ha optado el supervisor como “engendro legal” y denuncian que sólo genera inseguridad jurídica e incertidumbre en un momento en que es totalmente necesario ofrecer certezas para disparar las inversiones en redes eléctricas.
El sector eléctrico se apostaba por aprobar la nueva tasa de retribución y dejar sin aprobar la parte de la metodología de cálculo, lo que conllevaría prorrogar el actual sistema de manera temporal. Con esta opción, la CNMC podría posteriormente iniciar un nuevo proceso de elaboración de la normativa, abriendo una nueva consulta pública para que las compañías hicieran sus aportaciones que consideraran oportunas y posteriormente aprobar una nueva norma.
En resumen, la CNMC ha aprobado su propuesta de pago para las redes eléctricas después de recibir el informe del Consejo de Estado. Sin embargo, esta decisión anticipa una larga batalla legal debido a la inseguridad jurídica e incertidumbre que genera la nueva metodología de retribución.
La CNMC ha aprobativa una tasa de retribución del 6,58% para la actividad de distribución de energía eléctrica. Esta tasa se aplica sobre el valor de los activos, como las redes eléctricas, para compensar a las empresas por realizar inversiones y mantener estas infraestructuras.
La CNMC ha modificado su propuesta original, que superaba al 6,46% vigente y estaba más cerca del 7% pretendido por las compañías. El organismo regulador también ha eliminado el límite de inversión reconocible para calcular la retribución al 80% del tope de las inversiones que tienen las empresas.
Sin embargo, la CNMC defiende que su nueva metodología de retribución incorpora mejoras encaminadas a lograr mayor eficiencia en las redes, mejorar la calidad, reducir las pérdidas e incentivar la electrificación de la economía. El organismo asegura que ha seguido un procedimiento garantista y participativo.
A pesar de estos cambios, la decisión de la CNMC anticipa una larga batalla legal. Algunas fuentes del sector energético califican la vía por la que ha optado el supervisor como “engendro legal” y denuncian que sólo genera inseguridad jurídica e incertidumbre en un momento en que es totalmente necesario ofrecer certezas para disparar las inversiones en redes eléctricas.
El sector eléctrico se apostaba por aprobar la nueva tasa de retribución y dejar sin aprobar la parte de la metodología de cálculo, lo que conllevaría prorrogar el actual sistema de manera temporal. Con esta opción, la CNMC podría posteriormente iniciar un nuevo proceso de elaboración de la normativa, abriendo una nueva consulta pública para que las compañías hicieran sus aportaciones que consideraran oportunas y posteriormente aprobar una nueva norma.
En resumen, la CNMC ha aprobado su propuesta de pago para las redes eléctricas después de recibir el informe del Consejo de Estado. Sin embargo, esta decisión anticipa una larga batalla legal debido a la inseguridad jurídica e incertidumbre que genera la nueva metodología de retribución.