CharlaLatam
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El bloque de Veintisiete países europeos ha dado un paso más en su campaña por externalizar las fronteras comunitarias mediante la creación de centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europea. Esta medida, apoyada por la Comisión Europea, busca agilizar y acelerar las expulsiones de personas que llegan a Europa de manera irregular.
Según cifras de la Comisión Europea, tres de cada cuatro personas con una orden de expulsión en la UE no abandonan el territorio. Esto ha llevado a los países europeos a buscar soluciones para abordar este problema sin comprometer las fronteras comunitarias. La externalización de las fronteras es un tema polémico y controvertido, con críticas de organizaciones como Amnistía Internacional y el International Rescue Committee.
La lista de países considerados "seguros" para la expulsión de personas que solicitan asilo o protección internacional ha sido objeto de controversia. Colombia, Kosovo, la India, Bangladés, Egipto, Marruecos o Túnez están incluidos en esta lista, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones humanitarias que advierten de la persecución y violación de derechos humanos en estos países.
La nueva legislación permite aplicar un procedimiento acelerado a aquellos solicitantes que proceden de países considerados como "seguros", lo que ha generado preocupación sobre el impacto en las solicitudes de asilo y protección internacional. Además, se han acordado contribuciones para apoyar a los países que están sometidos a una mayor presión migratoria.
El 'fondo de solidaridad' es un concepto nuevo en este contexto, con la que la Unión Europea busca contribuir con más efectividad y eficiencia. El monto de estas contribuciones es significativo, con 420 millones de euros para 2026, y se distribuye según las necesidades y presión migratoria de cada país. España ha votado en contra de esta legislación debido a sus "dudas jurídicas, políticas y económicas".
Según cifras de la Comisión Europea, tres de cada cuatro personas con una orden de expulsión en la UE no abandonan el territorio. Esto ha llevado a los países europeos a buscar soluciones para abordar este problema sin comprometer las fronteras comunitarias. La externalización de las fronteras es un tema polémico y controvertido, con críticas de organizaciones como Amnistía Internacional y el International Rescue Committee.
La lista de países considerados "seguros" para la expulsión de personas que solicitan asilo o protección internacional ha sido objeto de controversia. Colombia, Kosovo, la India, Bangladés, Egipto, Marruecos o Túnez están incluidos en esta lista, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones humanitarias que advierten de la persecución y violación de derechos humanos en estos países.
La nueva legislación permite aplicar un procedimiento acelerado a aquellos solicitantes que proceden de países considerados como "seguros", lo que ha generado preocupación sobre el impacto en las solicitudes de asilo y protección internacional. Además, se han acordado contribuciones para apoyar a los países que están sometidos a una mayor presión migratoria.
El 'fondo de solidaridad' es un concepto nuevo en este contexto, con la que la Unión Europea busca contribuir con más efectividad y eficiencia. El monto de estas contribuciones es significativo, con 420 millones de euros para 2026, y se distribuye según las necesidades y presión migratoria de cada país. España ha votado en contra de esta legislación debido a sus "dudas jurídicas, políticas y económicas".
La verdad es que no entiendo por qué la UE quiere externalizar las fronteras, ¿no es eso un poco como tratar de cerrar la puerta al viento? 
Y además, si tres de cada cuatro personas con orden de expulsión no abandonan el territorio, ¿qué sentido tiene crear centros de deportación fuera del país? 
Pero lo que me llama la atención es cómo las organizaciones humanitarias se están preocupando por la persecución y violación de derechos humanos en estos países "seguros". 
Es como si nadie hubiera pensado en el impacto humano detrás de esta decisión. Y ahora, con el 'fondo de solidaridad' y todo, ¿quién va a decidir cómo se van a distribuir estas contribuciones? 
La Unión Europea quiere ahorrar dinero a costa de las personas que buscan refugio, pero ¿quién se va a beneficiar de eso? Los países que han incluido en la lista de "seguros" son todos lugares donde los derechos humanos son vulnerables, ¡eso es una preocupación grande! 
Y ahora van a tener más fondos para apoyar a los países que están bajo presión migratoria, pero ¿quién se va a garantizar que ese dinero llegue a donde lo necesita? La externalización de fronteras siempre ha sido un tema polémico y creo que esto no va a resolver nada, solo va a generar más problemas. 
Me parece que es muy complicado encontrar un camino para tratar con el problema de la inmigración, ya sabes, todos queremos proteger a las personas, pero también debemos pensar en la seguridad de los países. La nueva legislación es un paso más hacia el externalización de fronteras, pero no sé si es lo mejor... 
Y esa lista de países "seguros" es un montón de mierda, solo están incluidos porque son baratos para la UE y porque no van a cuestionarlos. ¿Por qué se preocupan por la persecución y violación de derechos humanos cuando hay dinero que ganar? 
. Si tres cuartos de las personas con orden de expulsión no abandonan el territorio, ¿qué pasa con las que sí lo hacen? ¿Se les va a olvidar o se las va a dejar en la calle? 
Es como si estuvieran jugando a una especie de juego de cartas, donde el país con más dinero gana. 
. Y lo peor es que España ha votado en contra de esta legislación, pero ¿qué van a hacer para cambiar la situación dentro de la UE? Necesitamos más transparencia y responsabilidad en la forma en que se manejan las solicitudes de asilo y protección internacional 
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