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Una decisión histórica que pondrá a prueba la solidaridad europea
La Unión Europea ha dado un giro inesperado en su política migratoria. El nuevo reglamento de retorno permitirá por primera vez la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario, lo que significará una mayor cooperación entre los Estados miembros para devolver a personas en situación irregular a países terceros distantes de su lugar de origen.
La decisión fue adoptada con una amplia mayoría a favor, pero España se opuso a ella. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó la posición del Gobierno antes de la votación afirmando que "no se trata de estar solos o acompañados, sino de mantener una postura concreta, seria, razonada y sostenida en el tiempo". También subrayó que España está absolutamente involucrada en la lucha contra la inmigración irregular, pero insiste en que esta política debe desarrollarse dentro del respeto a los derechos humanos.
El nuevo reglamento permite que los Estados miembros devuelvan a personas en situación irregular a un país tercero distinto de su lugar de origen siempre que exista un convenio bilateral o un acuerdo a nivel comunitario. Este modelo se define como una "geometría variable" porque podrá ser utilizado por los gobiernos que lo deseen y rechazado por aquellos que no quieran acogerse a él.
La postura de España ha sido criticada por algunos países europeos que consideran que esta decisión es necesaria para mejorar la tasa de repatriaciones, que actualmente apenas alcanza el 20% de los casos. El ministro del Interior danés, Rasmus Stoklund, señaló que "nuestros países están bajo presión. Miles de personas se ahogan en el Mediterráneo mientras las mafias se enriquecen".
La lista común europea de países de origen considerados seguros ha sido aprobada también, lo que incluye a todos los países candidatos a ingresar en la UE, además de Colombia, Marruecos, Túnez, Kosovo, Bangladesh, India y Egipto. Las solicitudes de asilo de personas procedentes de estos Estados se tramitarán de forma acelerada y, con carácter general, serán denegadas.
El endurecimiento migratorio se completó con la reducción de la cuota anual de reubicación solidaria, que pasa de 30.000 a 21.000 personas, y la disminución de las contribuciones económicas, de 600 a 420 millones de euros. España se abstuvo en esta votación.
En resumen, la decisión de la Unión Europea sobre el nuevo reglamento de retorno es un paso más hacia una política migratoria más dura y menos solidaria. Mientras que algunos países consideran que esta medida es necesaria para mejorar la seguridad fronteriza, otros crítican su impacto en los derechos humanos y la cohesión social.
La Unión Europea ha dado un giro inesperado en su política migratoria. El nuevo reglamento de retorno permitirá por primera vez la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario, lo que significará una mayor cooperación entre los Estados miembros para devolver a personas en situación irregular a países terceros distantes de su lugar de origen.
La decisión fue adoptada con una amplia mayoría a favor, pero España se opuso a ella. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó la posición del Gobierno antes de la votación afirmando que "no se trata de estar solos o acompañados, sino de mantener una postura concreta, seria, razonada y sostenida en el tiempo". También subrayó que España está absolutamente involucrada en la lucha contra la inmigración irregular, pero insiste en que esta política debe desarrollarse dentro del respeto a los derechos humanos.
El nuevo reglamento permite que los Estados miembros devuelvan a personas en situación irregular a un país tercero distinto de su lugar de origen siempre que exista un convenio bilateral o un acuerdo a nivel comunitario. Este modelo se define como una "geometría variable" porque podrá ser utilizado por los gobiernos que lo deseen y rechazado por aquellos que no quieran acogerse a él.
La postura de España ha sido criticada por algunos países europeos que consideran que esta decisión es necesaria para mejorar la tasa de repatriaciones, que actualmente apenas alcanza el 20% de los casos. El ministro del Interior danés, Rasmus Stoklund, señaló que "nuestros países están bajo presión. Miles de personas se ahogan en el Mediterráneo mientras las mafias se enriquecen".
La lista común europea de países de origen considerados seguros ha sido aprobada también, lo que incluye a todos los países candidatos a ingresar en la UE, además de Colombia, Marruecos, Túnez, Kosovo, Bangladesh, India y Egipto. Las solicitudes de asilo de personas procedentes de estos Estados se tramitarán de forma acelerada y, con carácter general, serán denegadas.
El endurecimiento migratorio se completó con la reducción de la cuota anual de reubicación solidaria, que pasa de 30.000 a 21.000 personas, y la disminución de las contribuciones económicas, de 600 a 420 millones de euros. España se abstuvo en esta votación.
En resumen, la decisión de la Unión Europea sobre el nuevo reglamento de retorno es un paso más hacia una política migratoria más dura y menos solidaria. Mientras que algunos países consideran que esta medida es necesaria para mejorar la seguridad fronteriza, otros crítican su impacto en los derechos humanos y la cohesión social.