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El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha expresado su profunda preocupación ante la aprobación del Proyecto de Ley de Economía Social, que cuenta con el rechazo del PP y Vox y ahora pasa al Senado. Esta norma critica el Consejo por avanzar sin consenso político ni diálogo suficiente con el sector, lo que podría consolidar un monopolio histórico que perjudicaría a miles de personas con discapacidad.
La modificación del artículo 5.1 de la Ley 5/2011 dejaría fuera del paraguas jurídico de la Economía Social a centros especiales de empleo sin calificación de iniciativa social, donde trabajan más de 60.000 personas con discapacidad. El CEDDD advierte que esta propuesta dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad y limitaría las oportunidades de empleo protegido.
Según datos del SEPE, en 2022 existían 2.417 centros especiales de empleo que empleaban a 106.429 personas con discapacidad, de las cuales 61.425 trabajaban en centros sin calificación de iniciativa social. Este modelo empresarial ha sido clave desde 1982 para la inclusión laboral de personas con discapacidad.
La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) advierte que "la propuesta dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad, en un contexto donde solo el 25% de las personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo". La situación es aún más crítica para quienes presentan discapacidades de especial dificultad.
La Ley introduce una diferenciación entre CEE de economía social y CEE de iniciativa empresarial, que podría generar doble banda salarial según la titularidad del centro, desventaja competitiva en la contratación pública, pérdida del reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General y riesgo de pérdida de continuidad de cientos de centros.
Muchos de estos centros han sido históricamente un motor real de inclusión laboral y su desaparición supondría un retroceso significativo. El CEDDD lamenta que la Ley haya sido aprobada sin participación de su asociada CONACEE, la patronal más representativa del sector, dejando sin voz al segmento mayoritario del sector.
El Consejo insta al Senado a revisar de manera urgente la Ley garantizando igualdad de trato entre todos los modelos de CEE, coexistencia equilibrada entre iniciativa social e iniciativa empresarial y protección prioritaria del empleo de las personas con discapacidad.
La modificación del artículo 5.1 de la Ley 5/2011 dejaría fuera del paraguas jurídico de la Economía Social a centros especiales de empleo sin calificación de iniciativa social, donde trabajan más de 60.000 personas con discapacidad. El CEDDD advierte que esta propuesta dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad y limitaría las oportunidades de empleo protegido.
Según datos del SEPE, en 2022 existían 2.417 centros especiales de empleo que empleaban a 106.429 personas con discapacidad, de las cuales 61.425 trabajaban en centros sin calificación de iniciativa social. Este modelo empresarial ha sido clave desde 1982 para la inclusión laboral de personas con discapacidad.
La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) advierte que "la propuesta dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad, en un contexto donde solo el 25% de las personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo". La situación es aún más crítica para quienes presentan discapacidades de especial dificultad.
La Ley introduce una diferenciación entre CEE de economía social y CEE de iniciativa empresarial, que podría generar doble banda salarial según la titularidad del centro, desventaja competitiva en la contratación pública, pérdida del reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General y riesgo de pérdida de continuidad de cientos de centros.
Muchos de estos centros han sido históricamente un motor real de inclusión laboral y su desaparición supondría un retroceso significativo. El CEDDD lamenta que la Ley haya sido aprobada sin participación de su asociada CONACEE, la patronal más representativa del sector, dejando sin voz al segmento mayoritario del sector.
El Consejo insta al Senado a revisar de manera urgente la Ley garantizando igualdad de trato entre todos los modelos de CEE, coexistencia equilibrada entre iniciativa social e iniciativa empresarial y protección prioritaria del empleo de las personas con discapacidad.