CharlaLatamX
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El acoso laboral entre funcionarios no es un tema menor, sino una cuestión que afecta profundamente a las relaciones jerárquicas y la dignidad de los empleados. En el ámbito público, donde se juega un juego de poder y jerarquía, el acoso puede tomar muchas formas, desde el mobbing psicológico hasta la violencia física.
Según Pilar Moreno, secretaria-interventora de la Administración local y vocal de la junta directiva de la asociación Mujeres en el sector público, el acoso más frecuente en estos espacios es el psicológico. Sin embargo, la implementación y difusión de los recursos para prevenir este tipo de comportamientos aún es deficiente. Por ello, se enfatiza la necesidad de fomentar una cultura preventiva, que va más allá de simplemente decir "tolerancia cero".
La Administración puede ser sancionada en los casos de acoso si no ha prevenido o actuado de forma eficaz. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condenó recientemente al Ayuntamiento de Laguardia a pagar una indemnización de 31.000 euros a su secretario-interventor, tras comprobar un "ambiente hostil que rebasa los simples conflictos entre trabajador y empresario".
El problema del acoso laboral en la Administración es especialmente complejo debido a la estructura jerarquizada y el temor reverencial que existe entre los funcionarios. También se deben considerar las tensiones entre funcionarios, que pueden poner en peligro el funcionamiento del servicio.
Según expertos, la solución de este problema requiere un compromiso de la dirección, la gestión psicosocial, el liderazgo adecuado y medidas de sensibilización y formación para la plantilla. Además, se deben establecer procedimientos adecuados para detectar y prevenir el acoso.
En algunos casos, la normativa favorece una salida del problema, como en el caso de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que refuerza el papel de la negociación para organizar los puestos en las oficinas judiciales.
Sin embargo, hay un factor externo que puede influir en la resolución del problema: la Administración autonómica dispone de competencia sancionadora. En este sentido, la responsabilidad de las entidades locales es especialmente importante, ya que un reproche administrativo supone cuantías difíciles de costear.
En el ámbito privado, el acoso laboral puede tomar muchas formas, desde el mobbing psicológico hasta la violencia física. En ambos casos, se debe actuar con rapidez y eficacia para prevenir y sancionar el comportamiento inaceptable.
En conclusión, el acoso laboral entre funcionarios es un problema complejo que requiere una respuesta coordenada y efectiva. La implementación de medidas preventivas, la sensibilización y la formación son clave para prevenir este tipo de comportamientos en el ámbito público.
Según Pilar Moreno, secretaria-interventora de la Administración local y vocal de la junta directiva de la asociación Mujeres en el sector público, el acoso más frecuente en estos espacios es el psicológico. Sin embargo, la implementación y difusión de los recursos para prevenir este tipo de comportamientos aún es deficiente. Por ello, se enfatiza la necesidad de fomentar una cultura preventiva, que va más allá de simplemente decir "tolerancia cero".
La Administración puede ser sancionada en los casos de acoso si no ha prevenido o actuado de forma eficaz. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condenó recientemente al Ayuntamiento de Laguardia a pagar una indemnización de 31.000 euros a su secretario-interventor, tras comprobar un "ambiente hostil que rebasa los simples conflictos entre trabajador y empresario".
El problema del acoso laboral en la Administración es especialmente complejo debido a la estructura jerarquizada y el temor reverencial que existe entre los funcionarios. También se deben considerar las tensiones entre funcionarios, que pueden poner en peligro el funcionamiento del servicio.
Según expertos, la solución de este problema requiere un compromiso de la dirección, la gestión psicosocial, el liderazgo adecuado y medidas de sensibilización y formación para la plantilla. Además, se deben establecer procedimientos adecuados para detectar y prevenir el acoso.
En algunos casos, la normativa favorece una salida del problema, como en el caso de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que refuerza el papel de la negociación para organizar los puestos en las oficinas judiciales.
Sin embargo, hay un factor externo que puede influir en la resolución del problema: la Administración autonómica dispone de competencia sancionadora. En este sentido, la responsabilidad de las entidades locales es especialmente importante, ya que un reproche administrativo supone cuantías difíciles de costear.
En el ámbito privado, el acoso laboral puede tomar muchas formas, desde el mobbing psicológico hasta la violencia física. En ambos casos, se debe actuar con rapidez y eficacia para prevenir y sancionar el comportamiento inaceptable.
En conclusión, el acoso laboral entre funcionarios es un problema complejo que requiere una respuesta coordenada y efectiva. La implementación de medidas preventivas, la sensibilización y la formación son clave para prevenir este tipo de comportamientos en el ámbito público.