TertuliaLatina
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El trabajador C. T., quien fue expedientado por el Ministerio de Cultura tras denunciar daños en 12.000 placas fotográficas del siglo XIX, ha decidido dar un paso más en su lucha contra el acoso laboral que enfrenta desde hace tres años en el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE). Después de que la denuncia interna fue inadmitida, el trabajador acudirá a la vía penal para denunciar a cuatro responsables del instituto.
Entre los acusados se encuentran el jefe de sección de Documentación, G. E. S., la jefa del servicio de Documentación, T. D. F., la jefa de Área de Documentación y Difusión, E. M. C., y quien fuera subdirectora general del organismo, Susana Alcalde Amieva.
El trabajador C. T. presentó una denuncia por acoso laboral en el Registro del Ministerio de Cultura el 31 de octubre, pero fue inadmitida. Ahora, con la ayuda de un abogado penalista, está analizando la pertinencia de ampliar esa denuncia también a la instructora de toda la causa y a la Subsecretaria de Cultura.
El trabajador presentó también un recurso de alzada contra la inadmisión de su denuncia interna, en el que se expone que sufrió rechazo de sus proyectos, exclusión total de reuniones, comunicaciones y actividades del IPCE, veto de su nombre en redes sociales y falta absoluta de comunicación profesional.
El caso ha estado arrastrando durante tres años, desde que el trabajador denunció los daños en las placas fotográficas. El pasado mes de diciembre, la Fiscalía Provincial de Madrid acreditó que los daños se debieron al cambio en el sistema de climatización de la sala donde se encontraban conservadas.
El trabajador C. T. recibió la condición de informante protegido por parte de la autoridad independiente del Gobierno de España, tras haber denunciado los daños que sufrieron las placas fotográficas del pionero J. Laurent.
Entre los acusados se encuentran el jefe de sección de Documentación, G. E. S., la jefa del servicio de Documentación, T. D. F., la jefa de Área de Documentación y Difusión, E. M. C., y quien fuera subdirectora general del organismo, Susana Alcalde Amieva.
El trabajador C. T. presentó una denuncia por acoso laboral en el Registro del Ministerio de Cultura el 31 de octubre, pero fue inadmitida. Ahora, con la ayuda de un abogado penalista, está analizando la pertinencia de ampliar esa denuncia también a la instructora de toda la causa y a la Subsecretaria de Cultura.
El trabajador presentó también un recurso de alzada contra la inadmisión de su denuncia interna, en el que se expone que sufrió rechazo de sus proyectos, exclusión total de reuniones, comunicaciones y actividades del IPCE, veto de su nombre en redes sociales y falta absoluta de comunicación profesional.
El caso ha estado arrastrando durante tres años, desde que el trabajador denunció los daños en las placas fotográficas. El pasado mes de diciembre, la Fiscalía Provincial de Madrid acreditó que los daños se debieron al cambio en el sistema de climatización de la sala donde se encontraban conservadas.
El trabajador C. T. recibió la condición de informante protegido por parte de la autoridad independiente del Gobierno de España, tras haber denunciado los daños que sufrieron las placas fotográficas del pionero J. Laurent.