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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, está a punto de llevar al Consejo de Ministros un decreto que propone la prórroga automática de más de 300.000 contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia, en un contexto en el que los precios están bajando y vencen ahora. La medida tiene como objetivo frenar el precio de los alquileres.
Díaz ha confirmado que llevará el decreto a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), aunque el principal escollo es Carlos Cuerpo, ministro de Economía, que defiende posiciones "neoliberales". El vicepresidente del PSOE no ha mencionado aún si se encuentra dispuesto a aprobar esta medida.
La prórroga de estos contratos tiene como objetivo evitar la expulsión de miles de familias de sus lugares de residencia debido a los altos precios de alquiler. Cinco años después de la pandemia, algunos estudios han cifrado el número de estos contratos en 300.000, aunque Bustinduy ha elevado esta cifra hasta 630.000.
La vicepresidenta segunda del Gobierno también ha anunciado que Sumar presentará una propuesta a los socialistas para "meter mano" a las socimis, las Sociedades Anónima Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, que tienen un régimen fiscal muy ventajoso. Sin embargo, no hay acuerdo dentro del Gobierno de cara a los Presupuestos.
Sumar también quiere reforzar algunos derechos sociales en el marco de la negociación presupuestaria. La propuesta incluye medidas para reforzar la gratuidad de los comedores escolares y una prestación universal por crianza que han sido defendidas desde hace tiempo, aunque hasta ahora el PSOE ha rehuido estas medidas.
La vivienda centrará el debate entre los socios del Gobierno en las próximas semanas. Sumar quiere atar la negociación de Presupuestos Generales del Estado a que se tomen medidas efectivas sobre este asunto.
Díaz ha confirmado que llevará el decreto a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), aunque el principal escollo es Carlos Cuerpo, ministro de Economía, que defiende posiciones "neoliberales". El vicepresidente del PSOE no ha mencionado aún si se encuentra dispuesto a aprobar esta medida.
La prórroga de estos contratos tiene como objetivo evitar la expulsión de miles de familias de sus lugares de residencia debido a los altos precios de alquiler. Cinco años después de la pandemia, algunos estudios han cifrado el número de estos contratos en 300.000, aunque Bustinduy ha elevado esta cifra hasta 630.000.
La vicepresidenta segunda del Gobierno también ha anunciado que Sumar presentará una propuesta a los socialistas para "meter mano" a las socimis, las Sociedades Anónima Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, que tienen un régimen fiscal muy ventajoso. Sin embargo, no hay acuerdo dentro del Gobierno de cara a los Presupuestos.
Sumar también quiere reforzar algunos derechos sociales en el marco de la negociación presupuestaria. La propuesta incluye medidas para reforzar la gratuidad de los comedores escolares y una prestación universal por crianza que han sido defendidas desde hace tiempo, aunque hasta ahora el PSOE ha rehuido estas medidas.
La vivienda centrará el debate entre los socios del Gobierno en las próximas semanas. Sumar quiere atar la negociación de Presupuestos Generales del Estado a que se tomen medidas efectivas sobre este asunto.