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Un trabajador de 67 años enfrenta una verdadera campaña represiva por denunciar daños irreversibles en archivos fotográficos. C. T., un funcionario de la Fototeca del IPCE, arrancó la denuncia contra la dirección del instituto por las obras de climatización que causaron daños a 12.000 placas fotográficas del siglo XIX.
La Fiscalía Provincial de Madrid acreditó recientemente que los daños fueron causados por condiciones de conservación no óptimas, pero la responsabilidad se quedó extinguida por prescripción. Lo que sigue es un conflicto laboral sin fin. C. T. presentó una denuncia contra sus superiores, incluyendo a la subdirectora general Susana Alcalde Amieva y dos otros funcionarios, acusándolos de acoso laboral. Sin embargo, la denuncia fue desestimada.
A pesar de eso, el trabajador ahora se enfrenta a un expediente disciplinario que propone una suspensión de 37 meses de empleo y sueldo, lo que equivale a tres años y un mes. El texto del expediente recoge hechos como no cumplir con labores de catalogación de fotografías, retrasar la remisión de informes técnicos y no ordenar adecuadamente un depósito de Fototeca.
Sin embargo, trabajadores cercanos afirman que el expediente es una forma de forzar la jubilación del trabajador, quien cumplió 67 años pero no tiene intención de abandonar su puesto. Los representantes sindicales implicados han solicitado protección urgente a la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Además, C. T. también presentó otra denuncia por corrupción y prevaricación contra los directivos del IPCE, acusándolos de realizar obras de climatización defectuosas que causaron daños irreversibles en los archivos. Aunque se certificó que todo estaba bien en el acta de recepción de la obra, las tres empresas principales involucradas parecen haber obtenido ventajas económicas al cobrar pronto las obras.
La subdirectora general Susana Alcalde Amieva ya ha dejado sus responsabilidades en el instituto para asumir un puesto en la Consejería de Cultura del Gobierno regional. La campaña represiva contra C. T. parece seguir sin fin, y los trabajadores sindicales siguen luchando por su derecho a denunciar irregularidades sin temor a represalias.
La Fiscalía Provincial de Madrid acreditó recientemente que los daños fueron causados por condiciones de conservación no óptimas, pero la responsabilidad se quedó extinguida por prescripción. Lo que sigue es un conflicto laboral sin fin. C. T. presentó una denuncia contra sus superiores, incluyendo a la subdirectora general Susana Alcalde Amieva y dos otros funcionarios, acusándolos de acoso laboral. Sin embargo, la denuncia fue desestimada.
A pesar de eso, el trabajador ahora se enfrenta a un expediente disciplinario que propone una suspensión de 37 meses de empleo y sueldo, lo que equivale a tres años y un mes. El texto del expediente recoge hechos como no cumplir con labores de catalogación de fotografías, retrasar la remisión de informes técnicos y no ordenar adecuadamente un depósito de Fototeca.
Sin embargo, trabajadores cercanos afirman que el expediente es una forma de forzar la jubilación del trabajador, quien cumplió 67 años pero no tiene intención de abandonar su puesto. Los representantes sindicales implicados han solicitado protección urgente a la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Además, C. T. también presentó otra denuncia por corrupción y prevaricación contra los directivos del IPCE, acusándolos de realizar obras de climatización defectuosas que causaron daños irreversibles en los archivos. Aunque se certificó que todo estaba bien en el acta de recepción de la obra, las tres empresas principales involucradas parecen haber obtenido ventajas económicas al cobrar pronto las obras.
La subdirectora general Susana Alcalde Amieva ya ha dejado sus responsabilidades en el instituto para asumir un puesto en la Consejería de Cultura del Gobierno regional. La campaña represiva contra C. T. parece seguir sin fin, y los trabajadores sindicales siguen luchando por su derecho a denunciar irregularidades sin temor a represalias.