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El Ministerio de Sanidad ha iniciado una investigación sobre las irregularidades que, según se indagan, ocurrieron en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Las autoridades sanitarias han tomado medidas tras la revelación de audios, publicados recientemente por medios de comunicación, donde se escuchaba al CEO del centro madrileño pedir rechazar pacientes para ajustar las cuentas y obtener beneficios.
Según fuentes confirmadas, el Ministerio ha decidido esclarecer los hechos tras la petición de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que solicitaba conocer lo ocurrido tanto en este hospital como en otros hospitales públicos gestionados por entidades privadas.
El CEO del Ribera Salud, Pablo Gallart, quien había expresado su intención de aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables para obtener beneficios de cuatro o cinco millones, ya ha dimitido tras el escándalo. Algunos directivos denunciaron este comportamiento en el canal ético interno del centro, pero fueron despedidos sin embargo.
El Ministerio de Sanidad ha enviado una carta a la presidenta madrileña solicitando la apertura inmediata de una investigación exhaustiva e independiente sobre lo sucedido y ha anunciado que procederá a cancelar el contrato de concesión del hospital si se confirman las acusaciones.
El grupo Ribera Salud ha defendido que sigue comprometido con el sistema sanitario público, aunque ha anunciado realizar una auditoría en profundidad para esclarecer lo sucedido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la gestión del Partido Popular y ha acusado a este de querer "hacer de la salud un negocio" y de dar prioridad a los beneficios sobre la vida de las personas.
La crisis en los cribados reciente ha sido un punto de partida para este escándalo, que se desarrolla apenas unas semanas después del descubrimiento de fallos en el sistema de detección de enfermedades.
Según fuentes confirmadas, el Ministerio ha decidido esclarecer los hechos tras la petición de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que solicitaba conocer lo ocurrido tanto en este hospital como en otros hospitales públicos gestionados por entidades privadas.
El CEO del Ribera Salud, Pablo Gallart, quien había expresado su intención de aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables para obtener beneficios de cuatro o cinco millones, ya ha dimitido tras el escándalo. Algunos directivos denunciaron este comportamiento en el canal ético interno del centro, pero fueron despedidos sin embargo.
El Ministerio de Sanidad ha enviado una carta a la presidenta madrileña solicitando la apertura inmediata de una investigación exhaustiva e independiente sobre lo sucedido y ha anunciado que procederá a cancelar el contrato de concesión del hospital si se confirman las acusaciones.
El grupo Ribera Salud ha defendido que sigue comprometido con el sistema sanitario público, aunque ha anunciado realizar una auditoría en profundidad para esclarecer lo sucedido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la gestión del Partido Popular y ha acusado a este de querer "hacer de la salud un negocio" y de dar prioridad a los beneficios sobre la vida de las personas.
La crisis en los cribados reciente ha sido un punto de partida para este escándalo, que se desarrolla apenas unas semanas después del descubrimiento de fallos en el sistema de detección de enfermedades.