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El presidente Sánchez alega no poder remitir el caso Salazar a la Fiscalía debido a que las víctimas no lo solicitan, aunque otras voces dentro del Gobierno desafían esa postura y abogan por trasladar los hechos al Ministerio Público.
Aunque el diagnóstico es común en ambos lados, las diferencias internas sobre cómo proceder se hacen sentir cada vez más graves. Sánchez asumió "en primera persona" el error en la interlocución con las denunciantes, pero sostiene que no puede remitir el caso a la Fiscalía si las víctimas no lo solicitan.
Otras voces dentro del Ejecutivo se unen a feministas del PSOE y reclaman mayor contundencia y enviar lo que se conoce sobre el caso a la Fiscalía, argumentando que si el partido tiene conocimiento de posibles indicios de delito, debe ponerlo en conocimiento de los órganos correspondientes para investigar.
Fuentes jurídicas consultadas discrepan de lo argumentado por Sánchez, pues consideran que el PSOE no es un tribunal que pueda ni deba hacer el análisis jurídico correspondiente y que la organización podría trasladar las denuncias presentadas ante la Fiscalía. Esta institución es la que ya decidiría si las archiva o practica las diligencias oportunas para abrir un proceso penal.
En todo caso, el caso Salazar sigue siendo una crisis para el Ejecutivo del PSOE, que lleva semanas viéndose en problemas y enfrentando críticas de su propio sector.
Aunque el diagnóstico es común en ambos lados, las diferencias internas sobre cómo proceder se hacen sentir cada vez más graves. Sánchez asumió "en primera persona" el error en la interlocución con las denunciantes, pero sostiene que no puede remitir el caso a la Fiscalía si las víctimas no lo solicitan.
Otras voces dentro del Ejecutivo se unen a feministas del PSOE y reclaman mayor contundencia y enviar lo que se conoce sobre el caso a la Fiscalía, argumentando que si el partido tiene conocimiento de posibles indicios de delito, debe ponerlo en conocimiento de los órganos correspondientes para investigar.
Fuentes jurídicas consultadas discrepan de lo argumentado por Sánchez, pues consideran que el PSOE no es un tribunal que pueda ni deba hacer el análisis jurídico correspondiente y que la organización podría trasladar las denuncias presentadas ante la Fiscalía. Esta institución es la que ya decidiría si las archiva o practica las diligencias oportunas para abrir un proceso penal.
En todo caso, el caso Salazar sigue siendo una crisis para el Ejecutivo del PSOE, que lleva semanas viéndose en problemas y enfrentando críticas de su propio sector.