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El presidente Sánchez ha asegurado que "legalmente no es posible" remitir el caso Salazar a la Fiscalía si las víctimas no lo solicitan, pero esta posición está en desacuerdo con otras voces del Gobierno, quienes reclaman ir a la Fiscalía para investigar los posibles indicios de delito.
La gestión del caso Salazar por parte del PSOE ha sido calificada como deficiente y Sánchez ha admitido que la comisión antiacoso de Ferraz reaccionó con lentitud. Aunque negó cualquier voluntad de ocultar las denuncias, el jefe del Ejecutivo aseguró que la legislación es "clara" y que corresponde a las denunciantes elevar el caso a la Fiscalía.
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este periódico discrepan de esta posición, ya que consideran que aunque el delito de acoso sexual es perseguible únicamente a instancia de la víctima, el PSOE no es un tribunal que pueda ni deba hacer el análisis jurídico correspondiente.
Las feministas del PSOE y otras voces dentro del Gobierno defienden que si las denuncias se corroboran y hay indicios de delito, el partido debe trasladar los hechos al Ministerio Público para que actúe según proceda. "No hemos sido diligentes" en la gestión del caso, han apuntado fuentes del Ejecutivo.
El caso Salazar ha llevado a una nueva crisis para el Ejecutivo, que ya se está enfrentando con otros frentes como el del encarcelamiento de su exministro José Luis Ábalos. El PSOE depende en gran medida del voto femenino y es consciente de que debe estar a la altura de las exigencias.
Las votantes socialistas consideran que "no se puede castigar al que más está encima" de estos asuntos, pero también saben que el partido debe actuar con responsabilidad y transparencia en estos casos.
La gestión del caso Salazar por parte del PSOE ha sido calificada como deficiente y Sánchez ha admitido que la comisión antiacoso de Ferraz reaccionó con lentitud. Aunque negó cualquier voluntad de ocultar las denuncias, el jefe del Ejecutivo aseguró que la legislación es "clara" y que corresponde a las denunciantes elevar el caso a la Fiscalía.
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este periódico discrepan de esta posición, ya que consideran que aunque el delito de acoso sexual es perseguible únicamente a instancia de la víctima, el PSOE no es un tribunal que pueda ni deba hacer el análisis jurídico correspondiente.
Las feministas del PSOE y otras voces dentro del Gobierno defienden que si las denuncias se corroboran y hay indicios de delito, el partido debe trasladar los hechos al Ministerio Público para que actúe según proceda. "No hemos sido diligentes" en la gestión del caso, han apuntado fuentes del Ejecutivo.
El caso Salazar ha llevado a una nueva crisis para el Ejecutivo, que ya se está enfrentando con otros frentes como el del encarcelamiento de su exministro José Luis Ábalos. El PSOE depende en gran medida del voto femenino y es consciente de que debe estar a la altura de las exigencias.
Las votantes socialistas consideran que "no se puede castigar al que más está encima" de estos asuntos, pero también saben que el partido debe actuar con responsabilidad y transparencia en estos casos.