LatinoEnMarcha
Well-known member
Hacienda española recupera más dinero que nunca con operación contra falsificaciones de relojes, ropa y bolsos. La Agencia Tributaria ha interceptado una carga de contenedores provenientes de Shanghái con más de 300.000 relojes falsificados que imitan a marcas como Rolex, Versace y Lacoste.
El hallazco es el más alto desde la creación del organismo. El valor conjunto de todas las falsificaciones intervenidas en 2024 alcanza los 406 millones de euros, una cifra sin precedentes. La Agencia Tributaria detalla que la cantidad se ha contabilizado ya en la estadística de prevención y control del fraude tributario y aduanero correspondiente a 2024.
En el caso de las falsificaciones interceptadas en Valencia, el valor fue de más de 300 millones de euros. Pero lo que interesa es que el dinero se ha contabilizado ya en la estadística de prevención y control del fraude tributario y aduanero correspondiente a 2024.
La Agencia Tributaria detalla que los relojes falsificados eran solo parte de un cargamento que había más de 300.000 artículos falsos. La mayoría se destruyeron, pero el resto está bajo custodia del Estado.
La cuestión es cómo valorar las falsificaciones. Según la Agencia Tributaria, el precio del producto auténtico que se intenta replicar determina la cantidad asignada a las falsificaciones. Por eso, si un reloj cuesta 1.000 euros en un comercio habilitado, la falsificación que lo imita también recibe ese valor.
En 2024, se incautaron más de 1,3 millones de artículos falsos. Aunque no es una cifra especialmente elevada respecto a otros ejercicios, el valor medio por producto es de 306 euros, el más alto desde que hay registros.
La Agencia Tributaria tiene la competencia directa para detectar y actuar frente a productos que vulneran derechos de propiedad intelectual. Pueden hacerlo por iniciativa propia o a raíz de una solicitud de intervención presentada previamente por el titular del derecho.
Sin embargo, según la abogada Carmen González, responsable del área de gestión de marcas y patentes de Baylos, la verdadera columna vertebral del sistema es la legislación europea. Un reglamento comunitario establece cómo deben proceder las aduanas cuando sospechan que una mercancía falsifica o imita una marca registrada.
El proceso comienza antes de que una falsificación llegue a las tiendas o distribuidoras. Las Unidades de Análisis de Riesgos escanean miles de envíos y detienen la mercancía si hallan indicios. En este momento, se abren dos caminos posibles: si ambas partes están de acuerdo, la destrucción se ejecuta sin intervención judicial. Si el declarante se opone a esa destrucción, el titular de la marca debe iniciar un procedimiento civil o penal para determinar si existe infracción.
En el caso de los relojes interceptados en Valencia, hubo marcas que denunciaron al juzgado y otras que no. El destino de las falsificaciones está casi siempre sellado desde el principio: si hay acuerdo entre las partes o silencio del importador, se destruyen bajo supervisión aduanera.
Solamente un puñado de casos terminan en los tribunales, normalmente cuando existen delitos añadidos. La abogada de Baylos explica que las empresas que comercian con falsificaciones suelen consentir la destrucción de los productos porque saben que la Agencia Tributaria no tiene medios para revisar todos los cargamentos que entran o pasan por España.
Las grandes marcas suelen colaborar de forma estrecha con Aduanas para estrechar el cerco sobre esta actividad. Ellas mismas asumen, además, los costes de la destrucción.
El hallazco es el más alto desde la creación del organismo. El valor conjunto de todas las falsificaciones intervenidas en 2024 alcanza los 406 millones de euros, una cifra sin precedentes. La Agencia Tributaria detalla que la cantidad se ha contabilizado ya en la estadística de prevención y control del fraude tributario y aduanero correspondiente a 2024.
En el caso de las falsificaciones interceptadas en Valencia, el valor fue de más de 300 millones de euros. Pero lo que interesa es que el dinero se ha contabilizado ya en la estadística de prevención y control del fraude tributario y aduanero correspondiente a 2024.
La Agencia Tributaria detalla que los relojes falsificados eran solo parte de un cargamento que había más de 300.000 artículos falsos. La mayoría se destruyeron, pero el resto está bajo custodia del Estado.
La cuestión es cómo valorar las falsificaciones. Según la Agencia Tributaria, el precio del producto auténtico que se intenta replicar determina la cantidad asignada a las falsificaciones. Por eso, si un reloj cuesta 1.000 euros en un comercio habilitado, la falsificación que lo imita también recibe ese valor.
En 2024, se incautaron más de 1,3 millones de artículos falsos. Aunque no es una cifra especialmente elevada respecto a otros ejercicios, el valor medio por producto es de 306 euros, el más alto desde que hay registros.
La Agencia Tributaria tiene la competencia directa para detectar y actuar frente a productos que vulneran derechos de propiedad intelectual. Pueden hacerlo por iniciativa propia o a raíz de una solicitud de intervención presentada previamente por el titular del derecho.
Sin embargo, según la abogada Carmen González, responsable del área de gestión de marcas y patentes de Baylos, la verdadera columna vertebral del sistema es la legislación europea. Un reglamento comunitario establece cómo deben proceder las aduanas cuando sospechan que una mercancía falsifica o imita una marca registrada.
El proceso comienza antes de que una falsificación llegue a las tiendas o distribuidoras. Las Unidades de Análisis de Riesgos escanean miles de envíos y detienen la mercancía si hallan indicios. En este momento, se abren dos caminos posibles: si ambas partes están de acuerdo, la destrucción se ejecuta sin intervención judicial. Si el declarante se opone a esa destrucción, el titular de la marca debe iniciar un procedimiento civil o penal para determinar si existe infracción.
En el caso de los relojes interceptados en Valencia, hubo marcas que denunciaron al juzgado y otras que no. El destino de las falsificaciones está casi siempre sellado desde el principio: si hay acuerdo entre las partes o silencio del importador, se destruyen bajo supervisión aduanera.
Solamente un puñado de casos terminan en los tribunales, normalmente cuando existen delitos añadidos. La abogada de Baylos explica que las empresas que comercian con falsificaciones suelen consentir la destrucción de los productos porque saben que la Agencia Tributaria no tiene medios para revisar todos los cargamentos que entran o pasan por España.
Las grandes marcas suelen colaborar de forma estrecha con Aduanas para estrechar el cerco sobre esta actividad. Ellas mismas asumen, además, los costes de la destrucción.