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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha emitiado una sentencia que desestima la demanda de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sánchez por vulneración de sus derechos políticos y libertad de expresión al ser mantenidos en prisión preventiva tras los hechos del 1-O. Según el tribunal, España no violó estos derechos al dictar prisión preventiva a los líderes independentistas.
Esta sentencia cimenta parte de la narrativa del independentismo catalán durante el proceso, que había argumentado que su arresto fue "represión" por parte de la justicia española y que los tribunales europeos corregirían los reveses judiciales de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. Sin embargo, el veredicto del TEDH desmiente estos argumentos.
El secretario general de JuntsxCat, Jordi Turull, ha manifestado su respeto por la sentencia pero admite que no la comparte, ya que sigue manteniendo que se vulneraron sus derechos políticos y que su encarcelamiento fue una decisión política. Turull sostiene que si no hubiera optado al debate de investidura para ser presidente de la Generalitat en ese momento, "seguramente las cosas habrían ido de otra manera".
El partido Esquerra Republicana defiende que el proceso judicial sigue abierto y mantiene su lucha antirrepresiva. El partido ha recordado que la detención preventiva buscaba coartar los derechos políticos de los líderes independentistas, argumentación que también ha sido validada en otras causas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el grupo de detenciones arbitrarias.
La sentencia del TEDH responde a un trabajo de la Abogacía del Estado después de haber "decorado y afinado jurídicamente" lo que fue una decisión política. Turull ha dejado claro que, aunque no esté de acuerdo con la sentencia, volvería a hacerlo si se le permitiera.
En el ámbito internacional, la discusión judicial sobre los derechos políticos de los independentistas sigue pendiente de resolverse. La sentencia del TEDH llega en un momento clave, ya que falta una semana para que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haga públicas sus primeras conclusiones sobre las dudas de los tribunales españoles respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía y su compatibilidad con el Derecho comunitario.
Esta sentencia cimenta parte de la narrativa del independentismo catalán durante el proceso, que había argumentado que su arresto fue "represión" por parte de la justicia española y que los tribunales europeos corregirían los reveses judiciales de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. Sin embargo, el veredicto del TEDH desmiente estos argumentos.
El secretario general de JuntsxCat, Jordi Turull, ha manifestado su respeto por la sentencia pero admite que no la comparte, ya que sigue manteniendo que se vulneraron sus derechos políticos y que su encarcelamiento fue una decisión política. Turull sostiene que si no hubiera optado al debate de investidura para ser presidente de la Generalitat en ese momento, "seguramente las cosas habrían ido de otra manera".
El partido Esquerra Republicana defiende que el proceso judicial sigue abierto y mantiene su lucha antirrepresiva. El partido ha recordado que la detención preventiva buscaba coartar los derechos políticos de los líderes independentistas, argumentación que también ha sido validada en otras causas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el grupo de detenciones arbitrarias.
La sentencia del TEDH responde a un trabajo de la Abogacía del Estado después de haber "decorado y afinado jurídicamente" lo que fue una decisión política. Turull ha dejado claro que, aunque no esté de acuerdo con la sentencia, volvería a hacerlo si se le permitiera.
En el ámbito internacional, la discusión judicial sobre los derechos políticos de los independentistas sigue pendiente de resolverse. La sentencia del TEDH llega en un momento clave, ya que falta una semana para que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haga públicas sus primeras conclusiones sobre las dudas de los tribunales españoles respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía y su compatibilidad con el Derecho comunitario.