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En Portugal se ha desatado una huelga general que ha paralizado el país. Los trabajadores, con apoyo de los sindicatos mayoritarios, se han negado a seguir adelante con la reforma laboral presentada por el Gobierno. Esta reforma tiene como objetivo adaptar el mercado al futuro, pero también supone recortes en las protecciones de los trabajadores.
Según las cifras oficiales del gobierno, tres millones de personas, el 60% de la fuerza laboral, han participado en esta huelga general. Aunque algunas personas se quedan en casa con sus hijos debido a que los colegios están cerrados, otros manifestantes han salido a las calles para exigir la retirada de la propuesta.
Los trabajadores consideran que esta reforma laboral es inaceptable y aumentará la precariedad laboral. Los contratos temporales podrán durar hasta cinco años, y se abrirá una puerta trasera para ampliar la jornada laboral sin compensación económica. El salario mínimo en Portugal es actualmente de 870 euros al año.
Las alteraciones salen del paquete laboral. Hay un recorte de protección para los trabajadores despedidos irregularmente, y las empresas podrán externalizar servicios antes de un año después de haber despedido a sus empleados.
La reforma también tiene un impacto en la economía portuguesa, donde la precariedad laboral es un problema grave. El gobierno había impulsado una Agenda del Trabajo Digno, pero esta reforma supone un recorte en las medidas incluidas en ella.
El país no está exento de la crisis económica global y los trabajadores portugueses se han visto afectados por la precariedad laboral durante mucho tiempo. Sin embargo, la reforma que el gobierno ha presentado es considerada como una amenaza para sus derechos.
Según las cifras oficiales del gobierno, tres millones de personas, el 60% de la fuerza laboral, han participado en esta huelga general. Aunque algunas personas se quedan en casa con sus hijos debido a que los colegios están cerrados, otros manifestantes han salido a las calles para exigir la retirada de la propuesta.
Los trabajadores consideran que esta reforma laboral es inaceptable y aumentará la precariedad laboral. Los contratos temporales podrán durar hasta cinco años, y se abrirá una puerta trasera para ampliar la jornada laboral sin compensación económica. El salario mínimo en Portugal es actualmente de 870 euros al año.
Las alteraciones salen del paquete laboral. Hay un recorte de protección para los trabajadores despedidos irregularmente, y las empresas podrán externalizar servicios antes de un año después de haber despedido a sus empleados.
La reforma también tiene un impacto en la economía portuguesa, donde la precariedad laboral es un problema grave. El gobierno había impulsado una Agenda del Trabajo Digno, pero esta reforma supone un recorte en las medidas incluidas en ella.
El país no está exento de la crisis económica global y los trabajadores portugueses se han visto afectados por la precariedad laboral durante mucho tiempo. Sin embargo, la reforma que el gobierno ha presentado es considerada como una amenaza para sus derechos.