CharlaLatam
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La CNMC se enfrenta a una crisis tras las objeciones del Consejo de Estado a su circular sobre el nuevo modelo retributivo de las redes eléctricas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debe encontrar una solución rápida para evitar que la norma sea nulificada por falta de audiencia pública.
Esta crisis surge debido a que la circular, que busca establecer cómo se pagará a las empresas desde 2026 a 2031 por la inversión y operación de las redes de distribución de energía y su adaptación a la transición energética, choca con la Ley del Sector Eléctrico. El Consejo de Estado ha validado la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes, pero ha criticado el nuevo modelo de retribución de la distribución al considerar problemático introducir límites a las inversiones susceptibles de ser retribuidas y someter a riesgo una actividad regulada y esencial como la distribución.
La situación se complica aún más si se impulsa una nueva circular, lo que daría lugar a un proceso lento y prolongado. Además, la prórroga del marco actual saldría de ser beneficioso para las empresas, ya que prolongaría las condiciones vigentes de retribución y complicaría la señal regulatoria para nuevas inversiones en redes en plena transición energética.
La Asociación para la Transición Energética (ATE) ha pedido a la CNMC que modifique sustancialmente su circular y ha mostrado su preocupación por la situación que crea que se está produciendo en la regulación de las inversiones en redes eléctricas en España. La ATE reclama que se prorrogue el actual método de retribución por costes auditados, que ha funcionado hasta la fecha, y que se pueda alumbrar una nueva propuesta de circular ajustada a las recomendaciones del Consejo de Estado.
Si la CNMC encuentra la fórmula para aprobar la nueva circular, sus principales implicaciones serían un cambio en el "precio regulado" al que se pagan las redes y, con ello, los incentivos de inversión de las compañías. Esto podría afectar la rentabilidad esperada de ampliar y modernizar la red, algo clave para integrar renovables, electrificación y nueva demanda. La situación es delicada y requiere una solución rápida y efectiva para evitar consecuencias negativas para el sector energético español.
Esta crisis surge debido a que la circular, que busca establecer cómo se pagará a las empresas desde 2026 a 2031 por la inversión y operación de las redes de distribución de energía y su adaptación a la transición energética, choca con la Ley del Sector Eléctrico. El Consejo de Estado ha validado la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes, pero ha criticado el nuevo modelo de retribución de la distribución al considerar problemático introducir límites a las inversiones susceptibles de ser retribuidas y someter a riesgo una actividad regulada y esencial como la distribución.
La situación se complica aún más si se impulsa una nueva circular, lo que daría lugar a un proceso lento y prolongado. Además, la prórroga del marco actual saldría de ser beneficioso para las empresas, ya que prolongaría las condiciones vigentes de retribución y complicaría la señal regulatoria para nuevas inversiones en redes en plena transición energética.
La Asociación para la Transición Energética (ATE) ha pedido a la CNMC que modifique sustancialmente su circular y ha mostrado su preocupación por la situación que crea que se está produciendo en la regulación de las inversiones en redes eléctricas en España. La ATE reclama que se prorrogue el actual método de retribución por costes auditados, que ha funcionado hasta la fecha, y que se pueda alumbrar una nueva propuesta de circular ajustada a las recomendaciones del Consejo de Estado.
Si la CNMC encuentra la fórmula para aprobar la nueva circular, sus principales implicaciones serían un cambio en el "precio regulado" al que se pagan las redes y, con ello, los incentivos de inversión de las compañías. Esto podría afectar la rentabilidad esperada de ampliar y modernizar la red, algo clave para integrar renovables, electrificación y nueva demanda. La situación es delicada y requiere una solución rápida y efectiva para evitar consecuencias negativas para el sector energético español.