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El caso de Alberto González Amador, el novio de la diputada Isabel Díaz Ayuso, sigue en suspenso debido a un atasco en los juzgados de lo Penal de Madrid. La causa se inició hace meses y se le acusa al empresario con fraude fiscal, falsedad documental y organización criminal.
La situación es complicada debido a la falta de recursos en el sistema judicial. En la Audiencia Provincial, órgano que debería juzgar este caso si fuera considerado un delito agravado, se estima que el juicio y su resolución podrían tomar solo 8 meses, mientras que en los juzgados de lo Penal de Madrid, donde se está desarrollando la causa, el tiempo medio de duración de un procedimiento es de más de un año.
Este colapso en el sistema judicial está relacionado con la situación que ha experimentado la jurisdicción penal desde la pandemia de covid. La falta de recursos y personal ha llevado a una gran acumulación de casos, lo que puede retrasar la resolución de esta causa hasta 2027.
Las acusaciones populares, como el partido político PSOE y Más Madrid, solicitan una pena más elevada para el empresario, con cinco años de prisión y inhabilitación para gestionar empresas durante el tiempo de la condena. La fiscalía y abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de prisión para González Amador.
El caso se abre por un fraude del Impuesto de Sociedades, que tuvo lugar en los años 2020 y 2021 por la actividad de su empresa Maxwell Cremona. La defensa está a la espera de estudiar la sentencia que dicte el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien fue procesado por un delito de revelación de secretos.
La situación es incierta y se debe esperar más noticias sobre el caso.
La situación es complicada debido a la falta de recursos en el sistema judicial. En la Audiencia Provincial, órgano que debería juzgar este caso si fuera considerado un delito agravado, se estima que el juicio y su resolución podrían tomar solo 8 meses, mientras que en los juzgados de lo Penal de Madrid, donde se está desarrollando la causa, el tiempo medio de duración de un procedimiento es de más de un año.
Este colapso en el sistema judicial está relacionado con la situación que ha experimentado la jurisdicción penal desde la pandemia de covid. La falta de recursos y personal ha llevado a una gran acumulación de casos, lo que puede retrasar la resolución de esta causa hasta 2027.
Las acusaciones populares, como el partido político PSOE y Más Madrid, solicitan una pena más elevada para el empresario, con cinco años de prisión y inhabilitación para gestionar empresas durante el tiempo de la condena. La fiscalía y abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de prisión para González Amador.
El caso se abre por un fraude del Impuesto de Sociedades, que tuvo lugar en los años 2020 y 2021 por la actividad de su empresa Maxwell Cremona. La defensa está a la espera de estudiar la sentencia que dicte el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien fue procesado por un delito de revelación de secretos.
La situación es incierta y se debe esperar más noticias sobre el caso.