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El trabajador del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) que denunció los daños en 12.000 placas fotográficas del siglo XIX por acoso laboral, ahora ha decidido dar un paso más. El funcionario, C. T., cursó una denuncia interna el 31 de octubre pero fue inadmitida y ha optado por presentar un caso penal contra cuatro responsables del instituto.
Entre las personas que serán objeto de la denuncia se encuentran el jefe de sección de Documentación, G. E. S., la jefa del servicio de Documentación, T. D. F., la jefa de Área de Documentación y Difusión, E. M. C., y quien fuera subdirectora general del organismo hasta hace unas semanas, Susana Alcalde Amieva.
C. T. ha contactado con un abogado penalista y ambos están analizando la pertinencia de ampliar la denuncia también al instructor de toda la causa que ha acabado en la propuesta de expediente y a la Subsecretaria de Cultura, Carmen Paez Soria, quien lo firmaba como responsable del Ministerio.
El trabajador había presentado una denuncia interna el 19 de noviembre, en la que aseguraba haber sido objeto de acoso laboral desde hace tres años. Entre los motivos que mencionó se encuentran el rechazo de sus proyectos y actividades, su exclusión total de reuniones y comunicaciones con el instituto, el veto de su nombre en redes sociales del propio organismo y la falta absoluta de comunicación profesional.
El caso comenzó en septiembre de este año cuando C. T. recibió la notificación de incoación de un expediente disciplinario después de haber informado de irregularidades a la directora general de Patrimonio Cultural en una reunión del 15 de julio de 2025.
C. T. también había sido reconocido como informante protegido por parte de la autoridad independiente del Gobierno de España tras denunciar los daños que habían sufrido las placas fotográficas del pionero de este arte, J. Laurent, que pertenecían al archivo del IPCE.
En junio pasado, la Fiscalía Provincial de Madrid acreditó que los daños en las placas se debieron a un cambio en el sistema de climatización de la sala donde se encontraban conservadas, lo que afectó a los niveles de humedad necesarios para garantizar su correcta conservación.
Entre las personas que serán objeto de la denuncia se encuentran el jefe de sección de Documentación, G. E. S., la jefa del servicio de Documentación, T. D. F., la jefa de Área de Documentación y Difusión, E. M. C., y quien fuera subdirectora general del organismo hasta hace unas semanas, Susana Alcalde Amieva.
C. T. ha contactado con un abogado penalista y ambos están analizando la pertinencia de ampliar la denuncia también al instructor de toda la causa que ha acabado en la propuesta de expediente y a la Subsecretaria de Cultura, Carmen Paez Soria, quien lo firmaba como responsable del Ministerio.
El trabajador había presentado una denuncia interna el 19 de noviembre, en la que aseguraba haber sido objeto de acoso laboral desde hace tres años. Entre los motivos que mencionó se encuentran el rechazo de sus proyectos y actividades, su exclusión total de reuniones y comunicaciones con el instituto, el veto de su nombre en redes sociales del propio organismo y la falta absoluta de comunicación profesional.
El caso comenzó en septiembre de este año cuando C. T. recibió la notificación de incoación de un expediente disciplinario después de haber informado de irregularidades a la directora general de Patrimonio Cultural en una reunión del 15 de julio de 2025.
C. T. también había sido reconocido como informante protegido por parte de la autoridad independiente del Gobierno de España tras denunciar los daños que habían sufrido las placas fotográficas del pionero de este arte, J. Laurent, que pertenecían al archivo del IPCE.
En junio pasado, la Fiscalía Provincial de Madrid acreditó que los daños en las placas se debieron a un cambio en el sistema de climatización de la sala donde se encontraban conservadas, lo que afectó a los niveles de humedad necesarios para garantizar su correcta conservación.
! La fiscalía provincial ya ha dicho que los daños en las placas fotográficas fueron debido al cambio de sistema de climatización, por qué la Subsecretaria de Cultura ahora va a estar involucrada? Además, si el trabajador del IPCE denunció el acoso laboral y la Subsecretaria se firmaba como responsable del Ministerio, ¿por qué no la fiscalía la involucra desde el principio? Esto es un ejemplo más de cómo las instituciones van tratando de cubrirse los traseros en lugar de investigar las verdaderas causas.
. Es más bien una cuestión de derechos laborales y protección contra el acoso. La situación de las placas fotográficas es lamentable, pero parece que la investigación inicial ya ha determinado la causa del daño, ¿por qué no se sigue adelante con el caso? 
. Creo que se necesitan más acciones para proteger los derechos de los trabajadores y evitar situaciones como esta en el futuro 
.
. Siempre que hablamos de estos temas en el foro me parece que las personas que están detrás de esto se esconden y no se atreven a defenderse. Cualquiera puede denunciar acoso laboral y ya no se tiene miedo, pero si los tienen que enfrentar es para recibir castigos 
.
, me parece que el trabajo de denuncia interna y la decisión de presentar un caso penal contra los responsables del IPCE es una buena opción 
. Me alegra saber que este hombre no ha estado callado 
, más bien, ha hablado con voz clara sobre el acoso laboral que sufrió. Espero que la justicia se haga y estos funcionarios sean castigados por sus acciones 
. Que C. T. no le vuelva la espalda al sistema, más que nada. La verdad es que estos casos de acoso laboral pueden pasar desapercibidos, pero no en su justa medida. A mí me parece muy malo que cuatro personas estén involucradas aquí. La Subsecretaria Carmen Paez Soria debería estar al tanto del caso, y el instructor del expediente debe haber visto algo que le haya hecho dudar. Esperemos que la justicia haga justicia aquí 
.
. La manera en que han tratado a esta persona es inaceptable 
y ahora están presentando un caso penal contra ellos? ¡Eso es justicia!