Un trabajador del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) que denunció los daños causados por un cambio en el sistema de climatización en una sala donde se encontraban conservadas placas fotográficas del siglo XIX, es ahora el que acudirá a la vía penal para denunciar el supuesto acoso laboral al que asegura enfrentarse desde hace tres años.
Según las fuentes consultadas por este diario, el trabajador, C. T., cursó una denuncia ya el 31 de octubre en el Registro del Ministerio de Cultura, pero la inadmisión de esta denuncia interna le ha llevado a iniciar un proceso penal contra cuatro responsables del instituto.
Entre los acusados están el jefe de sección de Documentación del IPCE, G. E. S., la jefa del servicio de Documentación, T. D. F., la jefa de Área de Documentación y Difusión, E. M. C., y la subdirectora general del organismo, Susana Alcalde Amieva.
C. T. ya ha contactado con un abogado penalista y ambos están analizando la pertinencia de ampliar la denuncia también al instructor de toda la causa y a la Subsecretaria de Cultura, Carmen Paez Soria, que era quien lo firmaba como responsable del Ministerio.
El trabajador presentó un recurso de alzada contra la inadmisión de su denuncia interna el 19 de noviembre, en el que expone los supuestos motivos por los cuales cree que ha sido objeto de acoso laboral: rechazo de sus proyectos y actividades, exclusión de reuniones y comunicaciones, veto de su nombre en redes sociales del propio organismo y falta absoluta de comunicación profesional.
La denuncia también se fundamenta en la notificación de incoación de un expediente disciplinario en septiembre de este año, "inmediatamente después de haber informado de irregularidades a la directora general de Patrimonio Cultural".
Según las fuentes consultadas por este diario, el trabajador, C. T., cursó una denuncia ya el 31 de octubre en el Registro del Ministerio de Cultura, pero la inadmisión de esta denuncia interna le ha llevado a iniciar un proceso penal contra cuatro responsables del instituto.
Entre los acusados están el jefe de sección de Documentación del IPCE, G. E. S., la jefa del servicio de Documentación, T. D. F., la jefa de Área de Documentación y Difusión, E. M. C., y la subdirectora general del organismo, Susana Alcalde Amieva.
C. T. ya ha contactado con un abogado penalista y ambos están analizando la pertinencia de ampliar la denuncia también al instructor de toda la causa y a la Subsecretaria de Cultura, Carmen Paez Soria, que era quien lo firmaba como responsable del Ministerio.
El trabajador presentó un recurso de alzada contra la inadmisión de su denuncia interna el 19 de noviembre, en el que expone los supuestos motivos por los cuales cree que ha sido objeto de acoso laboral: rechazo de sus proyectos y actividades, exclusión de reuniones y comunicaciones, veto de su nombre en redes sociales del propio organismo y falta absoluta de comunicación profesional.
La denuncia también se fundamenta en la notificación de incoación de un expediente disciplinario en septiembre de este año, "inmediatamente después de haber informado de irregularidades a la directora general de Patrimonio Cultural".