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El Senado da luz verde a una ley para endurecer los beneficios penitenciarios a presos de ETA, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. La iniciativa busca cambiar los requisitos exigidos para la clasificación o progresión de grado para las personas condenadas por terrorismo, obligándolas a mostrar "signos inequívocos" de haber abandonado "los fines y medios terroristas".
El objetivo es cambiar el término "autoridades" por "autoridades policiales y judiciales", lo que sugiere que la colaboración se justificará con el hecho de haberse entrevistado con funcionarios que tienen las facultades para investigar y perseguir los delitos.
El partido popular ha advertido de que la iniciativa busca evitar que "las lagunas legales sean utilizadas por los terroristas para conseguir beneficios penitenciarios".
La senadora socialista María del Lirio Martín ha criticado al PP por llevar una modificación de la Ley Orgánica Penitenciaria "no para resolver problemas sociales, sino para defender un modelo de retroceso legislativo sin atender a una necesidad real".
Por su parte, la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia ha cuestionado que el Gobierno de José María Aznar hizo acercamientos con ETA cuando aún seguían matando. "¿Lo hicieron bordeando la legalidad", ha cuestionado.
La ley es un instrumento de castigo permanente, según Idurre Bideguren del Bloque Nacionalista Vasco. "No se puede convertir el silencio de un preso en motivo de castigo ni condicionar su evolución penitenciaria a la renuncia de sus ideas", ha zanjado.
El proceso de tramitación es complicado, ya que la Mesa del Congreso de los Diputados está "bloqueando" las leyes que se aprueban en el Senado y "metiéndolas en el congelador".
El objetivo es cambiar el término "autoridades" por "autoridades policiales y judiciales", lo que sugiere que la colaboración se justificará con el hecho de haberse entrevistado con funcionarios que tienen las facultades para investigar y perseguir los delitos.
El partido popular ha advertido de que la iniciativa busca evitar que "las lagunas legales sean utilizadas por los terroristas para conseguir beneficios penitenciarios".
La senadora socialista María del Lirio Martín ha criticado al PP por llevar una modificación de la Ley Orgánica Penitenciaria "no para resolver problemas sociales, sino para defender un modelo de retroceso legislativo sin atender a una necesidad real".
Por su parte, la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia ha cuestionado que el Gobierno de José María Aznar hizo acercamientos con ETA cuando aún seguían matando. "¿Lo hicieron bordeando la legalidad", ha cuestionado.
La ley es un instrumento de castigo permanente, según Idurre Bideguren del Bloque Nacionalista Vasco. "No se puede convertir el silencio de un preso en motivo de castigo ni condicionar su evolución penitenciaria a la renuncia de sus ideas", ha zanjado.
El proceso de tramitación es complicado, ya que la Mesa del Congreso de los Diputados está "bloqueando" las leyes que se aprueban en el Senado y "metiéndolas en el congelador".