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La Comisión Europea acaba de darle un repunte a los planes económicos de España, después de meses de parálisis política. El gobierno aprueba una profunda reforma del plan de recuperación, con el objetivo de apurar los casi 25.000 millones de euros en subvenciones pendientes de cobro.
La modificación incluye la renuncia al 75% de los créditos que contemplaba el programa europeo, como adelantó este periódico. España ya ha recibido el grueso de su asignación, casi dos tercios, pero hay otras medidas que todavía precisan refrendo parlamentario.
El gobierno ha negociado con Bruselas y ha acordado rebajar la ambición de las reformas pendientes con rango de ley en un contexto de dificultad para articular mayorías en el Congreso. La última petición de desembolso presentada por España se realizó hace un año, y desde entonces la dificultad en aprobar nuevas reformas ha frenado al Ministerio de Economía para realizar nuevas solicitudes.
El plan inicial, que se redactó a toda prisa en 2021, marcaba hitos y reformas que a siete meses de su fecha límite se ven como imposibles de cumplir. El Ejecutivo ha sido más flexible con la Comisión Europea, pero sigue siendo un desafío encontrar el equilibrio entre acelerar el desembolso y evitar gastos indebidos.
La reforma incluye cambios en los requisitos para recibir los fondos, eliminando los hitos intermedios en las inversiones. Pero la clave es el cambio en la exigencia de las ambiciosas reformas que se plantearon en 2021 y que debido a la fragilidad parlamentaria del Gobierno nunca verán la luz.
Los proyectos financiados con los fondos deberían estar finalizados antes de agosto de 2026, pero el gobierno español se apuntó un importante tanto hace ya más de dos años al lograr que Bruselas aceptara como hito final la transferencia del dinero a las entidades que pondrán en marcha los proyectos.
El Ministerio de Economía ha sido un punto de tensión durante este proceso, con fuentes que lo descritan como "dolor de muelas" y que apuntan a una falta de flexibilidad. Pero ahora parece que se está dispuesto a hacer concessiones para salvar el plan de recuperación.
La modificación incluye la renuncia al 75% de los créditos que contemplaba el programa europeo, como adelantó este periódico. España ya ha recibido el grueso de su asignación, casi dos tercios, pero hay otras medidas que todavía precisan refrendo parlamentario.
El gobierno ha negociado con Bruselas y ha acordado rebajar la ambición de las reformas pendientes con rango de ley en un contexto de dificultad para articular mayorías en el Congreso. La última petición de desembolso presentada por España se realizó hace un año, y desde entonces la dificultad en aprobar nuevas reformas ha frenado al Ministerio de Economía para realizar nuevas solicitudes.
El plan inicial, que se redactó a toda prisa en 2021, marcaba hitos y reformas que a siete meses de su fecha límite se ven como imposibles de cumplir. El Ejecutivo ha sido más flexible con la Comisión Europea, pero sigue siendo un desafío encontrar el equilibrio entre acelerar el desembolso y evitar gastos indebidos.
La reforma incluye cambios en los requisitos para recibir los fondos, eliminando los hitos intermedios en las inversiones. Pero la clave es el cambio en la exigencia de las ambiciosas reformas que se plantearon en 2021 y que debido a la fragilidad parlamentaria del Gobierno nunca verán la luz.
Los proyectos financiados con los fondos deberían estar finalizados antes de agosto de 2026, pero el gobierno español se apuntó un importante tanto hace ya más de dos años al lograr que Bruselas aceptara como hito final la transferencia del dinero a las entidades que pondrán en marcha los proyectos.
El Ministerio de Economía ha sido un punto de tensión durante este proceso, con fuentes que lo descritan como "dolor de muelas" y que apuntan a una falta de flexibilidad. Pero ahora parece que se está dispuesto a hacer concessiones para salvar el plan de recuperación.