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Un paso más en la lucha contra el abuso comercial: El Congreso aprueba definitivamente la ley que pone fin a las llamadas de 'spam' y a las esperas eternas al teléfono.
Esta ley SAC, impulsada por el Ministerio de Consumo, regula prácticas consideradas perjudiciales para los consumidores, como las llamadas de spam hasta renovar automática suscripciones a plataformas de streaming. El Congreso ha rechazado varias enmiendas presentadas por el partido Popular, y tras pasar su paso por el Senado, la ley ha quedado definitivamente aprobada.
Con esta norma, las empresas deberán identificar sus llamadas comerciales con un prefijo y las operadoras de telefonía tendrán que bloquear las que no usen ese prefijo. Además, se prohíbe el uso exclusivo de contestadores automáticos o bots para atender quejas y consultas.
En cuanto a los servicios de atención al cliente, las empresas estarán obligadas a limitar los tiempos de espera telefónicos a tres minutos en al menos el 95% de las llamadas. También se exige que se acorten los plazos de resolución de consultas a 15 días y se prohíba el uso exclusivo de contestadores automáticos o bots.
La ley SAC también obliga a la renovación automática de suscripciones digitales, como Amazon, Spotify o Netflix. Las empresas deben informar al usuario 15 días antes del vencimiento del plazo para que tenga la posibilidad de elegir no renovar el servicio y comunicarle el vencimiento de dicho plazo.
En este sentido, se prohíbe la renovación automática de suscripciones sin el consentimiento del usuario y se exige que las empresas incluyan los gastos de gestión en el precio final de las entradas y servicios. Además, se prohibe cobrar un adicional por rectificar errores ortográficos o tipográficos en el nombre del usuario.
La ley también pretende regular la publicidad online, obligando a los influencers anunciar apuestas online y estableciendo restricciones para evitar que se extiendan abonos o membresías a aplicaciones de las que el consumidor hasta ha olvidado estar suscrito.
Finalmente, se busca prohibir las reseñas falsas en internet, obligando a los empresarios a solicitar la retirada de una reseña cuando puedan acreditar que quien la escribe no utilizó el servicio o el comentario es falso.
Esta ley SAC, impulsada por el Ministerio de Consumo, regula prácticas consideradas perjudiciales para los consumidores, como las llamadas de spam hasta renovar automática suscripciones a plataformas de streaming. El Congreso ha rechazado varias enmiendas presentadas por el partido Popular, y tras pasar su paso por el Senado, la ley ha quedado definitivamente aprobada.
Con esta norma, las empresas deberán identificar sus llamadas comerciales con un prefijo y las operadoras de telefonía tendrán que bloquear las que no usen ese prefijo. Además, se prohíbe el uso exclusivo de contestadores automáticos o bots para atender quejas y consultas.
En cuanto a los servicios de atención al cliente, las empresas estarán obligadas a limitar los tiempos de espera telefónicos a tres minutos en al menos el 95% de las llamadas. También se exige que se acorten los plazos de resolución de consultas a 15 días y se prohíba el uso exclusivo de contestadores automáticos o bots.
La ley SAC también obliga a la renovación automática de suscripciones digitales, como Amazon, Spotify o Netflix. Las empresas deben informar al usuario 15 días antes del vencimiento del plazo para que tenga la posibilidad de elegir no renovar el servicio y comunicarle el vencimiento de dicho plazo.
En este sentido, se prohíbe la renovación automática de suscripciones sin el consentimiento del usuario y se exige que las empresas incluyan los gastos de gestión en el precio final de las entradas y servicios. Además, se prohibe cobrar un adicional por rectificar errores ortográficos o tipográficos en el nombre del usuario.
La ley también pretende regular la publicidad online, obligando a los influencers anunciar apuestas online y estableciendo restricciones para evitar que se extiendan abonos o membresías a aplicaciones de las que el consumidor hasta ha olvidado estar suscrito.
Finalmente, se busca prohibir las reseñas falsas en internet, obligando a los empresarios a solicitar la retirada de una reseña cuando puedan acreditar que quien la escribe no utilizó el servicio o el comentario es falso.