La crisis del CNIO se profundiza. La auditoría externa que se está planeando es el último grito para dar solución al problema de gestión y corrupción que ha azotado a este centro de investigación puntero durante años.
Según fuentes cercanas al patronato, la decisión se tomará en un pleno especial del órgano de gobierno, que también tendrá lugar el próximo mes. El objetivo es analizar la "situación actual" del CNIO y evaluar la "contratación y gestión económica" del organismo.
El Tribunal de Cuentas ya ha iniciado una auditoría interna en 2022 y se está sumando a esta tarea. La Intervención General de la Administración del Estado también realizará su evaluación habitual, mientras que este nuevo análisis externo buscará descubrir "tusones de cera" en el presupuesto del CNIO.
La crisis del CNIO se ha caracterizado por una serie de escándalos de corrupción y mal manejo financiero. Según un informe reciente, los ex directivos del centro, incluyendo a Juan Arroyo, Laura Muñoz y Ignacio Fernández Vara, han sido acusados de retrasar y complicar el funcionamiento del organismo.
Se han descubierto presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores y la gestión de fondos públicos. El organismo tiene un presupuesto anual de unos 40 millones de euros, con gran parte financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
El nuevo director gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, ha prometido poner solución a estos problemas y "reflotar" la institución. Según fuentes cercanas al patronato, este es uno de los objetivos principales del Plan de Actuación para 2026, que se aprobó el pasado jueves por unanimidad.
El plan busca reflotar una institución que ha estado sumida en un déficit de unos 2.5 millones de euros y problemas en sus instalaciones básicas, como microscopios o el animalario con 30.000 ratones para investigación.
Asimismo, se ha creado un puesto permanente para abordar la transparencia y el buen gobierno del CNIO. Se espera que este organismo se convierta en una institución más eficiente y transparente.
La cuestión de los tres altos cargos que se encuentran de baja, incluyendo a Juan Arroyo, Laura Muñoz y Ignacio Fernández Vara, sigue sin resolver. Aunque su actuación ha sido criticada por el informe del gerente actual, no se ha presentado ninguna novedad sobre su cese o despido.
Según fuentes cercanas al patronato, la decisión se tomará en un pleno especial del órgano de gobierno, que también tendrá lugar el próximo mes. El objetivo es analizar la "situación actual" del CNIO y evaluar la "contratación y gestión económica" del organismo.
El Tribunal de Cuentas ya ha iniciado una auditoría interna en 2022 y se está sumando a esta tarea. La Intervención General de la Administración del Estado también realizará su evaluación habitual, mientras que este nuevo análisis externo buscará descubrir "tusones de cera" en el presupuesto del CNIO.
La crisis del CNIO se ha caracterizado por una serie de escándalos de corrupción y mal manejo financiero. Según un informe reciente, los ex directivos del centro, incluyendo a Juan Arroyo, Laura Muñoz y Ignacio Fernández Vara, han sido acusados de retrasar y complicar el funcionamiento del organismo.
Se han descubierto presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores y la gestión de fondos públicos. El organismo tiene un presupuesto anual de unos 40 millones de euros, con gran parte financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
El nuevo director gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, ha prometido poner solución a estos problemas y "reflotar" la institución. Según fuentes cercanas al patronato, este es uno de los objetivos principales del Plan de Actuación para 2026, que se aprobó el pasado jueves por unanimidad.
El plan busca reflotar una institución que ha estado sumida en un déficit de unos 2.5 millones de euros y problemas en sus instalaciones básicas, como microscopios o el animalario con 30.000 ratones para investigación.
Asimismo, se ha creado un puesto permanente para abordar la transparencia y el buen gobierno del CNIO. Se espera que este organismo se convierta en una institución más eficiente y transparente.
La cuestión de los tres altos cargos que se encuentran de baja, incluyendo a Juan Arroyo, Laura Muñoz y Ignacio Fernández Vara, sigue sin resolver. Aunque su actuación ha sido criticada por el informe del gerente actual, no se ha presentado ninguna novedad sobre su cese o despido.