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La causa contra los geriatras que aplicaron protocolos en las residencias de mayores, donde murieron al menos 7291 personas, se ha visto afectada por una serie de reveses. Hasta el año pasado, solo quedaban ocho procedimientos activos, pero gracias a la denuncia colectiva de familiares y abogados, se han abierto nueve causas nuevas. Los imputados incluyen el ex director general del sistema madrileño de salud, el médico Carlos Mur, el geriatra Carlos Peromingo, entre otros.
El equipo de abogados que ha asumido la defensa de las familias en estos casos, ha ofrecido un balance actualizado sobre los imputados. A pesar de tantos reveses, solo se espera que algunos de ellos "tiren de la manta" e incriminen a sus superiores y potencialmente a Ayuso.
La causa está pendiente de resolver en el juzgado 3 de Madrid, cuya titular es María Isabel Durántez. Sin embargo, debido al retraso en su resolución, las familias están cada vez más desmoralizadas.
En otro caso similar, la jueza Carmen López fue testigo de cómo Peromingo y otros geriatras se comportaron en una residencia donde murieron un cadáver que permaneció olvidado durante tres días. En este caso, el fiscal ni siquiera apareció en la audiencia, lo que dejó a las familias con una sensación de desesperanza.
La causa contra los geriatras aplicadores de protocolos en residencias ha sido extremadamente complicada debido a la falta de coordinación entre jueces y fiscales. Sin embargo, gracias a la denuncia colectiva de familiares y abogados, se han abierto nueve causas nuevas y se espera que algunos imputados "tiren de la manta" e incriminen a sus superiores y potencialmente a Ayuso.
El equipo de abogados que ha asumido la defensa de las familias en estos casos, ha ofrecido un balance actualizado sobre los imputados. A pesar de tantos reveses, solo se espera que algunos de ellos "tiren de la manta" e incriminen a sus superiores y potencialmente a Ayuso.
La causa está pendiente de resolver en el juzgado 3 de Madrid, cuya titular es María Isabel Durántez. Sin embargo, debido al retraso en su resolución, las familias están cada vez más desmoralizadas.
En otro caso similar, la jueza Carmen López fue testigo de cómo Peromingo y otros geriatras se comportaron en una residencia donde murieron un cadáver que permaneció olvidado durante tres días. En este caso, el fiscal ni siquiera apareció en la audiencia, lo que dejó a las familias con una sensación de desesperanza.
La causa contra los geriatras aplicadores de protocolos en residencias ha sido extremadamente complicada debido a la falta de coordinación entre jueces y fiscales. Sin embargo, gracias a la denuncia colectiva de familiares y abogados, se han abierto nueve causas nuevas y se espera que algunos imputados "tiren de la manta" e incriminen a sus superiores y potencialmente a Ayuso.