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El escándalo que desató Pablo Gallart, consejero delegado del Hospital Universitario de Torrejón, se convirtió en una catarata que desembocó en la revolución gestora de los hospitales públicos valencianos. El modelo de concesión y el abismo económico se revelaron como un fraude contra el Estado. Una operación de rescate que permitía a la adjudicataria sacar provecho de la falta de claridad en los contratos.
Las cuentas recogidas por Ribera Salud, que gestionaba el hospital de La Ribera, mostraban beneficios medios de 2,43 millones anuales. Pero lo más preocupante era que se pagó a la empresa dos veces: una prima per cápita que creció en un 68% y un canon anual que aumentó hasta alcanzar 777 euros por habitante.
El cambio sustancial estaba en el modelo económico que Ribera Salud implementaba. La cifra del pago por cada habitante de la comarca de La Ribera, de 225 euros en los primeros años, pasó a ser de 379 en 2009 y alcanzó los 777 euros en 2018.
El modelo de concesión se desmontó como un edificio de cartón. El documento demuestra que no hay claridad ni transparencia. Se han contraído obligaciones no previstas, se han modificado los contratos sin el consentimiento de las partes y se han utilizado Expedientes de Enriquecimiento Injusto para compensar a la adjudicataria.
El origen del modelo es el año 1997 cuando se firmó el contrato entre Ribera Salud y la Conselleria de Sanidad. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud fue creada por Bancaja y CAM. El presidente Eduardo Zaplana impulsaba un nuevo sistema que incluyera la gestión privada del sector público, algo que se convertiría en modelo para otras comunidades.
El contrato se amplió a 15 años, pero el primer paso fue cancelar el acuerdo inicial en 2002 debido a las pérdidas de cinco millones de euros. El Consell inició una operación de rescate para hacer las condiciones más atractivas. Se compraron las instalaciones del hospital por 43,9 millones de euros y se le abonaron 26,3 millones en concepto de "lucro cesante".
La gestión pública pasó a ser la opción correcta. El Gobierno de Mazón recuperó la administración de los hospitales de Alzira y Torrevieja y ha iniciado los trámites para hacer lo mismo con Dénia y Manises.
El modelo de concesión se desmontó como un edificio de cartón, pero el impacto en las cuentas públicas sigue siendo relevante. El gobierno valenciano debe asumir el costo del rescate y la pérdida de renta que conllevaba la concesión a empresas privadas.
El modelo de concesión es un ejemplo de cómo los políticos pueden darle vueltas a las leyes para sacar provecho. Un sistema concesional se creó que beneficiara a ciertos grupos, pero terminó siendo un fraude contra el Estado y el pueblo valenciano.
Las cuentas recogidas por Ribera Salud, que gestionaba el hospital de La Ribera, mostraban beneficios medios de 2,43 millones anuales. Pero lo más preocupante era que se pagó a la empresa dos veces: una prima per cápita que creció en un 68% y un canon anual que aumentó hasta alcanzar 777 euros por habitante.
El cambio sustancial estaba en el modelo económico que Ribera Salud implementaba. La cifra del pago por cada habitante de la comarca de La Ribera, de 225 euros en los primeros años, pasó a ser de 379 en 2009 y alcanzó los 777 euros en 2018.
El modelo de concesión se desmontó como un edificio de cartón. El documento demuestra que no hay claridad ni transparencia. Se han contraído obligaciones no previstas, se han modificado los contratos sin el consentimiento de las partes y se han utilizado Expedientes de Enriquecimiento Injusto para compensar a la adjudicataria.
El origen del modelo es el año 1997 cuando se firmó el contrato entre Ribera Salud y la Conselleria de Sanidad. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud fue creada por Bancaja y CAM. El presidente Eduardo Zaplana impulsaba un nuevo sistema que incluyera la gestión privada del sector público, algo que se convertiría en modelo para otras comunidades.
El contrato se amplió a 15 años, pero el primer paso fue cancelar el acuerdo inicial en 2002 debido a las pérdidas de cinco millones de euros. El Consell inició una operación de rescate para hacer las condiciones más atractivas. Se compraron las instalaciones del hospital por 43,9 millones de euros y se le abonaron 26,3 millones en concepto de "lucro cesante".
La gestión pública pasó a ser la opción correcta. El Gobierno de Mazón recuperó la administración de los hospitales de Alzira y Torrevieja y ha iniciado los trámites para hacer lo mismo con Dénia y Manises.
El modelo de concesión se desmontó como un edificio de cartón, pero el impacto en las cuentas públicas sigue siendo relevante. El gobierno valenciano debe asumir el costo del rescate y la pérdida de renta que conllevaba la concesión a empresas privadas.
El modelo de concesión es un ejemplo de cómo los políticos pueden darle vueltas a las leyes para sacar provecho. Un sistema concesional se creó que beneficiara a ciertos grupos, pero terminó siendo un fraude contra el Estado y el pueblo valenciano.
Por supuesto, la gestión pública es la mejor opción, no quiero que las empresas privadas estén recibiendo beneficios de 777 euros por habitante ¡Es un robo a los contribuyentes! 
Recuerdo cuando el modelo se desmontó como un edificio de cartón y ahora nos estamos enterando del monto de dinero que el gobierno valenciano tiene que pagar como rescate. Es demasiado mucha información, te recomiendo que sigas el caso aquí: 
Me parece que el escándalo del Hospital Universitario de Torrejón es solo la punta del iceberg en cuanto al modelo de concesión que han implementado en los hospitales públicos valencianos. Es como si hubiera un gran muro oculto detrás de las cuentas y los contratos, y ahora que se ha desmontado el edificio de cartón, podemos ver la verdad. Pero ¿qué hay del resto del sistema? ¿Qué otros modelos concesionales están funcionando en otras comunidades sin que nadie se dé cuenta? Me preocupa que esto no sea solo un caso de fraude, sino también un ejemplo de cómo los políticos pueden darle vueltas a las leyes para sacar provecho.
. Todo se desmontó en segundos. Me hace recordar cuando era niño, mis padres me contaban historias sobre cómo los hospitales públicos eran un gran fracaso y que las empresas privadas iban a hacerlo más eficiente. Pero ahora entiendo que solo querían sacarse el pelo 
. El modelo de concesión era como una burbuja, se creó para que las empresas privadas se beneficiaran, pero en realidad fue un fraude contra el Estado y el pueblo valenciano. La gente está cansada de ver cómo los políticos van dando vueltas a las leyes para sacar provecho. ¡Es hora de que vuelvan a la mesa!
. Y ¿por qué no dicen directamente qué es lo que pasó? Me da la sensación de que están intentando pasar el bolo a alguien más, ¡no me gusta!
