MateYOpinión
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado su propuesta de pago a las redes de distribución eléctrica para el periodo 2029-2031, aunque con algunas modificaciones tras el informe del Consejo de Estado.
La CNMC ha establecido una tasa de retribución del 6,58% sobre el valor de los activos en estas redes. Esta tasa es superior a la que propuso la CNMC en verano (6,46%) y lejos de las pretensiones de las compañías eléctricas (7%). Sin embargo, el Consejo de Estado ha cuestionado si esta tasa invada competencias del Gobierno.
La nueva metodología de retribución incorpora "mejoras encaminadas a lograr mayor eficiencia en las redes, mejorar la calidad y reducir pérdidas", según afirma la CNMC. El organismo defiende que sigue un procedimiento garantista y participativo, aunque ha tenido críticas de algunas partes del sector.
La decisión anticipa una "larga batalla legal" debido a las diferencias con el Consejo de Estado y las compañías eléctricas. Algunos expertos califican la vía por la que optó la CNMC como "engendro legal", lo que genera inseguridad jurídica e incertidumbre en un momento en que es necesario ofrecer certezas para disparar inversiones en redes eléctricas.
La CNMC ha establecido una tasa de retribución del 6,58% sobre el valor de los activos en estas redes. Esta tasa es superior a la que propuso la CNMC en verano (6,46%) y lejos de las pretensiones de las compañías eléctricas (7%). Sin embargo, el Consejo de Estado ha cuestionado si esta tasa invada competencias del Gobierno.
La nueva metodología de retribución incorpora "mejoras encaminadas a lograr mayor eficiencia en las redes, mejorar la calidad y reducir pérdidas", según afirma la CNMC. El organismo defiende que sigue un procedimiento garantista y participativo, aunque ha tenido críticas de algunas partes del sector.
La decisión anticipa una "larga batalla legal" debido a las diferencias con el Consejo de Estado y las compañías eléctricas. Algunos expertos califican la vía por la que optó la CNMC como "engendro legal", lo que genera inseguridad jurídica e incertidumbre en un momento en que es necesario ofrecer certezas para disparar inversiones en redes eléctricas.