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La destrucción del castillo de la Torre Mocha en Pelabravo, Salamanca, es un caso más del patrimonio español que queda sin protección. El agricultor que arrasó las ruinas, al supuesto no constarlas en los documentos, no tiene la responsabilidad única de este acto. Las administraciones locales carecen de labores inspectoras y no vigilan con escrutinio suficiente el estado de estos BIC, permitiendo así que ciudadanos como él se apoderen del patrimonio público.
El modelo de cuidados patrimoniales es un error y la ley no se cumple. La Junta de Castilla y León ya anunció llevar a la Fiscalía al responsable de este acto, pero esto es tarde. Lo que debería hacerse es mantener un sistema de control adecuado para evitar situaciones como esta.
Castilla y León cuenta con 450 elementos en la lista roja de Hispania Nostra, una plataforma que recopila inmuebles o espacios históricos desatendidos o en peligro. La comunidad no tiene capacidad para mantener estos bienes patrimoniales, por lo que los ciudadanos se ven obligados a cargar con la responsabilidad.
El futuro del patrimonio español es incierto y depende de la buena voluntad de la ciudadanía. Las administraciones locales deben hacer más por proteger estos valiosos recursos culturales. La Junta no tuvo registrado este inmueble en sus listados provinciales, lo que ha permitido su desaparición.
El caso de la Torre Mocha es un ejemplo más del patrimonio español que se quiebra sin escrutinio. Es hora de cambiar esta situación y hacer de las administraciones locales responsables ante el patrimonio público.
El modelo de cuidados patrimoniales es un error y la ley no se cumple. La Junta de Castilla y León ya anunció llevar a la Fiscalía al responsable de este acto, pero esto es tarde. Lo que debería hacerse es mantener un sistema de control adecuado para evitar situaciones como esta.
Castilla y León cuenta con 450 elementos en la lista roja de Hispania Nostra, una plataforma que recopila inmuebles o espacios históricos desatendidos o en peligro. La comunidad no tiene capacidad para mantener estos bienes patrimoniales, por lo que los ciudadanos se ven obligados a cargar con la responsabilidad.
El futuro del patrimonio español es incierto y depende de la buena voluntad de la ciudadanía. Las administraciones locales deben hacer más por proteger estos valiosos recursos culturales. La Junta no tuvo registrado este inmueble en sus listados provinciales, lo que ha permitido su desaparición.
El caso de la Torre Mocha es un ejemplo más del patrimonio español que se quiebra sin escrutinio. Es hora de cambiar esta situación y hacer de las administraciones locales responsables ante el patrimonio público.