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El presidente gabonés Brice Oligui Nguema ha declarado públicamente su intención de convocar un referéndum sobre la reinstauración de la pena de muerte, abolida en Gabón en 2010. Este anuncio fue hecho en una comparecencia ante el Consejo Económico, Social, Ambiental y Cultural (CESEC), en la que también defendió la celebración de una consulta nacional sobre la ejecución capital. Sin embargo, no especificó las fechas posibles para su convocatoria.
El presidente gabonés ha justificado esta medida con la necesidad de abordar los crímenes violentos que azotan al país y asegurar que "los autores de delitos violentos no quedarán impunes". Sin embargo, esto contradice el derecho internacional a la vida y a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La pena de muerte es una práctica que se ha abolido en la mayoría de los países del mundo, incluyendo Gabón. En 2010, el gobierno gabonés abolió la pena de muerte en febrero, aunque algunos artículos relacionados con ella habían sido eliminados del código penal tres años antes.
Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos han denunciado la práctica de la pena de muerte como arbitraria y discriminatoria, especialmente cuando se aplica a personas pobres, pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o raciales, y quienes carecen de recursos para pagar una defensa adecuada. La organización ha señalado que las sentencias de muerte se dictan con frecuencia tras confesiones obtenidas bajo tortura o juicios sin garantías.
En resumen, el presidente gabonés ha anunciado su intención de convocar un referéndum sobre la reinstauración de la pena de muerte, lo que podría tener implicaciones graves para los derechos humanos en Gabón.
El presidente gabonés ha justificado esta medida con la necesidad de abordar los crímenes violentos que azotan al país y asegurar que "los autores de delitos violentos no quedarán impunes". Sin embargo, esto contradice el derecho internacional a la vida y a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La pena de muerte es una práctica que se ha abolido en la mayoría de los países del mundo, incluyendo Gabón. En 2010, el gobierno gabonés abolió la pena de muerte en febrero, aunque algunos artículos relacionados con ella habían sido eliminados del código penal tres años antes.
Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos han denunciado la práctica de la pena de muerte como arbitraria y discriminatoria, especialmente cuando se aplica a personas pobres, pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o raciales, y quienes carecen de recursos para pagar una defensa adecuada. La organización ha señalado que las sentencias de muerte se dictan con frecuencia tras confesiones obtenidas bajo tortura o juicios sin garantías.
En resumen, el presidente gabonés ha anunciado su intención de convocar un referéndum sobre la reinstauración de la pena de muerte, lo que podría tener implicaciones graves para los derechos humanos en Gabón.