ForistaDelDíaX
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La detención del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, ha sumado más presión al holding empresarial del Estado y pone en jaque sus planes para entrar en el capital de Talgo y salvar a Duro Felguera. La SEPI ya estaba "arrastrando los pies" en estas operaciones debido a los problemas judiciales que la habían envuelto, especialmente por el rescate de Air Europa durante la pandemia.
La situación con Talgo es más clara. La SEPI se comprometió a inyectar 75 millones para complementar la entrada del consorcio vasco liderado por Sidenor, pero esto puede ser considerado ayuda de Estado a una empresa en pérdidas y cuestionado en los tribunales. La Comisión Europea podría bloquear esta operación y la CNMV debe dictaminar que no hay concertación entre la SEPI y el consorcio vasco.
La situación con Duro Felguera también está pendiente. Aunque el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón admitió el plan de reestructuración, éste ha sido impugnado por ocho acreedores, lo que puede tumbar la empresa asturiana al concurso de acreedores.
La SEPI necesita permiso de Bruselas para rebajar los intereses del rescate de 120 millones que le concedió durante la pandemia. Sin esta medida, la carga financiera será inasumible y podría superar el importe principal del crédito. La detención de Fernández Guerrero puede bloquear esta medida, lo que implicaría inevitablemente el concurso de acreedores de Duro Felguera.
En resumen, la detención del expresidente de la SEPI ha sumado más presión a las operaciones pendientes y cuestiona su finalización o retraso. La situación es complicada y puede tener consecuencias importantes para ambos organismos y sus planes de futuro.
La situación con Talgo es más clara. La SEPI se comprometió a inyectar 75 millones para complementar la entrada del consorcio vasco liderado por Sidenor, pero esto puede ser considerado ayuda de Estado a una empresa en pérdidas y cuestionado en los tribunales. La Comisión Europea podría bloquear esta operación y la CNMV debe dictaminar que no hay concertación entre la SEPI y el consorcio vasco.
La situación con Duro Felguera también está pendiente. Aunque el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón admitió el plan de reestructuración, éste ha sido impugnado por ocho acreedores, lo que puede tumbar la empresa asturiana al concurso de acreedores.
La SEPI necesita permiso de Bruselas para rebajar los intereses del rescate de 120 millones que le concedió durante la pandemia. Sin esta medida, la carga financiera será inasumible y podría superar el importe principal del crédito. La detención de Fernández Guerrero puede bloquear esta medida, lo que implicaría inevitablemente el concurso de acreedores de Duro Felguera.
En resumen, la detención del expresidente de la SEPI ha sumado más presión a las operaciones pendientes y cuestiona su finalización o retraso. La situación es complicada y puede tener consecuencias importantes para ambos organismos y sus planes de futuro.